El proyecto de Presupuesto 2026 que La Libertad Avanza (LLA) busca convertir en ley este viernes en el Senado incluye un recorte profundo y estructural sobre la educación, la ciencia y la tecnología, que amenaza con complicar la estrategia oficialista en la Cámara alta. Aunque el Gobierno decidió retirar del texto la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, la iniciativa mantiene una poda de recursos y metas de inversión que genera incomodidad incluso entre algunos aliados circunstanciales.

En el Senado, Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario, intenta blindar los votos con reuniones virtuales, llamados telefónicos y un conteo permanente de voluntades. El objetivo es evitar que se repita el escenario vivido en Diputados, cuando una rebelión inesperada hizo caer artículos clave del proyecto que incluían la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Para lograrlo, Bullrich debió resignar los tiempos de tratamiento de la Reforma Laboral y de la modificación de la Ley de Glaciares, y convencer a la Casa Rosada de que no había margen político para insistir en la derogación de normas sensibles en un contexto de ajuste.

Aún sin esas derogaciones, el Presupuesto 2026 no es el que pretenden los gobernadores. La norma consagra un retroceso histórico en el financiamiento del sistema educativo.

Recortes a la educación

En términos globales, la Función Educación y Cultura registra una caída real del 47,3% entre lo efectivamente ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026, según el Centro de Estudios Políticos de la Argentina (CEPA).

Uno de los recortes más severos impacta en la Educación Técnico Profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), destinado a equipamiento, insumos y capacitación en escuelas técnicas, sufre una caída acumulada del 93% en términos reales respecto de 2023. Además, el artículo 30 del proyecto directamente elimina el Fondo, creado por ley y financiado con un piso mínimo del 0,2% de los ingresos corrientes del Estado.

Además, las universidades nacionales tampoco escapan al ajuste. El informe señala que el presupuesto universitario proyectado para 2026 implica una caída real del 33,8% frente a lo ejecutado en 2023, profundizando el deterioro del funcionamiento, los salarios docentes y el mantenimiento de las casas de estudio.

En paralelo, los programas de becas y transferencias estudiantiles —clave para la permanencia educativa— sufren una caída real del 76,6% respecto de 2023. En el área de ciencia y tecnología, el ajuste también es significativo, con un recorte del 48,8% en términos reales, desandando la senda de inversión que debía llevar al sector a representar el 1% del PBI.

Bullrich trabaja contrarreloj para que no se le caiga ningún voto de los 44 apoyos que días atrás logró exhibir en un comunicado conjunto de los bloques no kirchneristas, tras la ofensiva para quitarle al peronismo presidencias y lugares en las comisiones.

En la vereda opuesta, el bloque que preside José Mayans busca que alguno —o todos— los artículos vinculados al desfinanciamiento educativo caigan en el recinto. Al oficialismo no le alcanza con imponerse al peronismo, ya que el Presupuesto requiere mayoría absoluta, es decir, 37 votos afirmativos en el Senado.

Bullrich apuesta a sancionar la ley sin cambios para evitar que el texto vuelva a Diputados y estire los plazos. Pero en LLA también se preparan para un escenario adverso.