La protesta incluye intervenciones artísticas, ruidazos y movilizaciones, con la mirada puesta en la sesión del Senado del 2 de octubre.

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Diez ciudadanos iraníes y libaneses, declarados rebeldes y con pedidos de captura internacional, enfrentarán el proceso pese a no estar presentes en Argentina.
La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la aplicación del juicio en ausencia a los acusados de haber participado en el atentado contra la sede de la AMIA en 1994. La decisión fue tomada por los jueces Llorens e Irurzun, quienes confirmaron lo resuelto por Rafecas y rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la norma que habilita este mecanismo, lo que permitirá que ciudadanos iraníes y libaneses prófugos sean juzgados sin estar presentes en Argentina.
En la resolución, el tribunal expresó que “se trató del mayor atentado contra intereses de la colectividad judía ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial” y remarcó que las “innumerables marchas y contramarchas que atravesaron cada uno de esos procesos determinaron que, luego de transcurridos más de 30 años, la investigación judicial no haya avanzado, hasta el momento, en torno a la sanción a los responsables de la agresión terrorista más trascendental y fatídica de la historia argentina”.
Los imputados que serán sometidos a este proceso son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos ellos fueron declarados rebeldes hace años, continúan prófugos y no han respondido a los requerimientos judiciales ni a las órdenes de captura emitidas en su contra.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, la decisión de concretar el ataque se adoptó el 14 de agosto de 1993 en Mashhad, Irán, durante una reunión del “Comité de Asuntos Especiales” del régimen iraní. En ese encuentro participaron el entonces presidente Alí Akbar Rafsanjani (fallecido), el ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el ministro de Información Alí Fallahijan y el líder supremo Alí Khamenei, señalado como quien habría emitido la orden ejecutiva o “fatwa” que habilitó la operación.
La misma hipótesis sostiene que Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari intervinieron como consultores desde Argentina, mientras que el diseño del plan estuvo a cargo de la “Oficina de Inteligencia y Seguridad” iraní, en la que también participaron los jefes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (Pasdaran), Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, responsables de la Fuerza Quds. La ejecución habría contado con apoyo logístico desde la zona de la Triple Frontera.
El atentado contra la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó 85 muertos y más de 150 heridos. A partir del fallo, la Unidad Fiscal AMIA deberá presentar formalmente el pedido de procesamiento para que la causa avance hacia la etapa de debate oral y público.
La protesta incluye intervenciones artísticas, ruidazos y movilizaciones, con la mirada puesta en la sesión del Senado del 2 de octubre.
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