La medida se tomó tras un fallo que instruye al Gobierno y a ARCA a respetar la resolución cautelar previa.

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El regreso de la comisión investigadora ocurre en un contexto de tensión política y tras denuncias recientes vinculadas al manejo de la criptomoneda y presunta estafa a inversores.
La oposición volvió a poner en marcha este jueves la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA, luego de cuatro meses de inactividad. El objetivo será analizar la difusión del activo digital por parte del presidente Javier Milei a través de su cuenta de X, antes de que la publicación fuera eliminada y se concretara la maniobra que terminó en una estafa a inversores.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue designado presidente de la comisión y tras asumir, agradeció "la confianza de todos los bloques" y aseguró que "venimos de un largo recorrido que estuvo repleto de obstáculos y artimañas para impedir algo que creo que tenemos todos muy claro acá". Además, Juan Marino, del bloque de Unión por la Patria, quedó como secretario de la comisión, mientras que la secretaría general quedó vacante por decisión de los presentes.
El legislador también recordó además los obstáculos que enfrentaron desde el oficialismo: “Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, desde el oficialismo, se nos impedía y se nos impedía”, en referencia a La Libertad Avanza y sus aliados del PRO.
La reactivación se produce en un contexto de tensión adicional para el Ejecutivo, en paralelo al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La comisión investigadora del caso $LIBRA fue creada el 8 de abril mediante resolución del recinto con 128 votos afirmativos, 93 negativos y siete abstenciones. Tiene como finalidad determinar la presunta responsabilidad del presidente y de otros funcionarios y allegados en el manejo de la criptomoneda y en la estafa que investiga la Justicia. El próximo encuentro de la comisión está pautado para el martes 2 de septiembre a las 16.
La medida se tomó tras un fallo que instruye al Gobierno y a ARCA a respetar la resolución cautelar previa.
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