Después del anuncio oficial, la semana pasada, a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno dio este martes un nuevo paso para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

Mediante el Decreto 493/25, modificó el marco regulatorio de la compañía y habilitó la venta del 90% de las acciones a capitales privados. La Resolución establece que el Estado "podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria". El restante 10% del capital social de la empresa seguirá en poder de los empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada.

El Gobierno dijo que la decisión de privatizar la empresa se dicta "en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público".

También señaló que desde 2006, cuando se firmó su reestatización, y hasta 2023, AySA recibió transferencias del Tesoro Nacional por 13.400 millones de dólares. Y advirtió que pese a esta asistencia financiera, "se ha producido un deterioro en la eficiencia y productividad, reflejados en una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros".

"Se ha instaurado un diseño institucional incapaz de garantizar la prestación de un servicio de forma eficiente, pese a la asignación de importantes recursos del Tesoro Nacional para financiar las pérdidas de la operación de la compañía", abundó el Poder Ejecutivo.

Bajo el nuevo régimen, la concesionaria podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora.