El empresario Lázaro Báez deberá pasar un total de 15 años de prisión por las dos condenas firmes en su contra: la ruta del dinero K y Vialidad. Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral Federal 4 al hacer lugar al pedido de pena que había planteado la fiscalía.

Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico unificaron en 15 años de prisión y pago de una multa de seis veces el monto de lavado de activos comprobado en la “ruta del dinero K” para Báez, quien está detenido en una cárcel en Río Gallegos.

Al tomar esa decisión los jueces tuvieron "en consideración el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a US$54.800.000 cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil dólares estadounidenses), como así también el dominio y disposición que aquél ejercía sobre esa masa dineraria, con la consecuente magnitud de afectación al bien jurídico protegido (orden económico y financiero), de lo que se deduce la extensión del disvalor de resultado y del contenido de injusto del suceso reprochado".

La defensa de Báez había pedido que cumpla seis años de cárcel, algo que fue rechazado. El empresario tiene condenas firmes a diez años de cárcel por lavado de activos y a seis por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que ahora quedaron unificadas en 15 años de prisión.

La Justicia intimará a los condenados a devolver $684 mil millones

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad: asciende a 684.990.350.139,86 pesos, según determinó el cuerpo de peritos contadores oficiales del máximo tribunal. La cifra será reclamada a los condenados por administración fraudulenta, entre quienes se encuentra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El trabajo fue solicitado por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que dictó la condena en 2022, cuando el valor a devolver se había estimado en 86.085 millones de pesos. Con el fallo ya firme tras el pronunciamiento de la Corte, el TOF ordenó la actualización de la cifra en función del perjuicio causado al Estado.