En esta primera audiencia, declararon tanto Julieta Prandi como el acusado Claudio Contardi.
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El jefe de Gobierno dijo que plataformas como Rappi, Pedidos Ya y Glovo "dan mucho trabajo" a los locales gastronómicos y "generan nuevos puestos laborales".
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió hoy a las aplicaciones de delivery al asegurar que "están legalmente constituidas, pagan sus impuestos y son utilizadas por mucha gente" en la Ciudad de Buenos Aires.
El mandatario local se expresó de esta manera luego de que el juez de Feria en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 Roberto Gallardo ordenara suspender la actividad de las empresas Glovo, Rappi y Pedidos Ya en toda la Capital Federal.
Tras la polémica generada por el fallo, Rodríguez Larreta destacó que estas compañías "dan mucho trabajo" a los locales de comida y "generan nuevos puestos laborales".
En declaraciones radiales, el funcionario cuestionó duramente la decisión de Gallardo al señalar que es "una más de las tantas" a las que lo "tiene acostumbrado" ese magistrado.
"Lo de Gallardo es cualquier cosa. Sus fallos son más políticos. El tema es que después todas (las decisiones) se las apelamos y se las ganamos", remarcó el jefe de Gobierno.
En este sentido, Rodríguez Larreta consideró que una cosa sería trabajar "para ver cómo se regulan estas nuevas opciones que aparecen con la tecnología", pero otra es "prohibirlo y dejar en la calle un tendal de gente, justo con la necesidad de trabajo que hay".
La semana pasada, la Policía de la Ciudad inició un operativo para identificar y controlar a los repartidores de las mencionadas empresas. Los efectivos de seguridad recibieron la orden judicial de controlar que todos los empleados de esta firma tengan casco puesto, chaleco refractario, la caja fija a la moto o bicicleta y no de mochila, y tener libreta sanitaria.
En caso que a los empleados le falte alguno de estos elementos, los agentes debían decomisar la caja y la mercadería y dejar ir al repartidor.
Esta medida se da en el marco de la decisión de Gallardo, que dispuso la suspensión de estas aplicaciones hasta que cumplan con los requisitos estipulados en el Código de Tránsito y Transporte.
En esta primera audiencia, declararon tanto Julieta Prandi como el acusado Claudio Contardi.
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