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Actualidad -
Un litigio formal ante la Justicia internacional enfrentará a la Argentina y al Reino Unido entre el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. La audiencia se llevará a cabo en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde el Estado argentino reclamará la aplicación de medidas provisionales de urgencia para frenar las tareas de explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.
El pedido fue presentado el pasado 13 de octubre con la meta de frenar la extracción de hidrocarburos en esa zona y resguardar los derechos soberanos sobre la plataforma continental. El armado de la estrategia legal estuvo a cargo de un trabajo conjunto entre la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objetivo de evitar que decisiones unilaterales de Londres dañen recursos naturales que pertenecen al país.
Para sostener la acusación en los tribunales alemanes, el Gobierno designó a un grupo de tres juristas especializados en Derecho Internacional. La comitiva técnica estará integrada por el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del tribunal marítimo, quien ya intervino como representante argentino en 2012 durante el caso de la Fragata Libertad para lograr su liberación.
La delegación legal se completa con la participación del profesor Nico Schrijver, ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus trabajos sobre soberanía y recursos naturales. Junto a él estará también el doctor Agustín Giustiniani, docente de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).
Desde el Ejecutivo nacional ratificaron que el país mantendrá la defensa irrenunciable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos que las rodean. A través de un comunicado oficial, las autoridades remarcaron que no van a tolerar ningún intento del gobierno británico por menoscabar esos derechos territoriales ni permitirán que avancen las autorizaciones unilaterales para explotar los recursos energéticos en aguas del archipiélago.
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