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Por unanimidad y con un total de 44 votos a favor, el Senado de Paraguay resolvió este viernes la destitución de Santiago Peña a través de un juicio político motivado por la crisis financiera de Ueno Bank, cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. La Cámara alta desconoció la dimisión que el mandatario había presentado el jueves tras el rechazo a su pedido de prórroga de 72 horas para ejercer su defensa, y esa misma noche le tomó juramento al vicepresidente Pedro Alliana para asumir la presidencia de la República.
Apenas consumada la resolución del Congreso, el Ministerio Público dispuso la detención de Peña bajo la modalidad de arresto domiciliario en su vivienda, hasta tanto sea puesto a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La orden fue librada por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia González Vester y Ruth Benítez, e incluyó también la captura del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, para ser alojado en dependencias de la Comandancia de la Policía Nacional.
Durante la deliberación previa a la votación, los legisladores repasaron la veloz transformación de la financiera en entidad bancaria y remarcaron que “se direccionaron fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS), de Itaipú y de otras instituciones del Estado hacia la entidad”. En su exposición, el senador Rafael Filizzola advirtió que las autoridades del banco respondían de forma directa a la presidencia y definió el escenario como uno de los escándalos de corrupción “más grandes desde el retorno de la democracia”, responsable de un “perjuicio enorme para el Estado, las personas afectadas y la credibilidad del país”.
Frente a los cargos presentados, los abogados defensores Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro plantearon en el recinto que el proceso parlamentario resultaba “nulo desde que el presidente presentó renuncia” y cuestionaron que el expediente se haya fundamentado en recortes de prensa y audios, señalando que ”no se puede destituir” a un mandatario “por chismes”.
La defensa técnica argumentó que los trámites del banco se iniciaron durante el mandato de Mario Abdo Benítez: “Dos años antes de asumir Peña, estábamos hablando de que Ueno estaba comenzando el proceso de conversión a banco. ¿Qué tenía que ver Santiago Peña en ese momento? Nada, porque, por ejemplo, en el 2022 estábamos denunciando que algunas personas revelaron información privada sobre cuánto era su salario en un banco. No estaba en el sector público”.
El frente judicial contra el mandatario removido se amplió de manera inmediata por disposición del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, al ordenar la apertura de tres causas penales en su contra. La medida incluyó la creación de un equipo de fiscales anticorrupción abocado a investigar las fallas de control sobre la entidad, el desvío de recursos estatales y la actuación de los funcionarios de distintas dependencias que intervinieron en las operaciones.
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