El Gobierno frenó el debate sobre la morosidad y el endeudamiento de las familias en la Cámara de Diputados, después de advertir que no tenía los votos necesarios para aprobar su propio proyecto. Sobre el final de una sesión de más de 15 horas, La Libertad Avanza pidió devolver la iniciativa a comisión y consiguió postergar su tratamiento, sin fijar una fecha para retomar la discusión.

La moción de orden reunió 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones. La posición de los legisladores cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora resultó clave para que el oficialismo alcanzara su objetivo y evitara una derrota en el recinto.

La decisión contrastó con el consenso alcanzado horas antes para aprobar el proyecto sobre discapacidad. Durante el debate, que se extendió por más de dos horas y media, los bloques reconocían que el escenario estaba empatado y que ninguna de las propuestas reunía los respaldos suficientes.

La maniobra desató críticas de la oposición, que cuestionó tanto la falta de una fecha para retomar el tratamiento como las gestiones políticas que se habrían desplegado para evitar el rechazo del dictamen oficialista.

Las abstenciones que inclinaron la votación

Los diputados Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, del bloque Provincias Unidas, se abstuvieron y le permitieron al oficialismo reunir los votos necesarios. Juan Fernando Brügge fue el único integrante cordobés del espacio que se apartó de esa posición.

El movimiento generó cruces con integrantes de Unión por la Patria, especialmente porque los legisladores cordobeses habían deslizado que votarían en contra del proyecto oficialista.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, cuestionó la falta de acuerdo para abordar el problema del endeudamiento familiar y contrastó el resultado con el debate sobre discapacidad. “¿Cómo es posible que para un tema haya habido consenso y ahora haya distraídos que entiendan que no llegar a fin de mes es menor en comparación con lidiar con un familiar con discapacidad?”, planteó.

También había advertido sobre el desarrollo de la sesión: “Son las 3 de la mañana y todo el conjunto del Congreso se presta a esta farsa. Podemos recurrir al camino que alumbró una sana señal como en Discapacidad”.

Por su parte, Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, denunció presuntas gestiones de funcionarios del Gobierno para conseguir respaldo al dictamen oficialista. “Me preocupa que a esta hora haya funcionarios del Gobierno que además de estar dando vueltas, estén llamando a diputados para decirles qué necesitan para que no se rechace el dictamen del oficialismo sobre el endeudamiento”, afirmó.

Tras la votación, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó que la moción no incluyera un compromiso para establecer cuándo volverá a discutirse el proyecto en comisión.

Dos propuestas para enfrentar el endeudamiento familiar

El proyecto de La Libertad Avanza, que había conseguido dictamen de mayoría, estaba centrado en la prevención y la educación financiera. Entre sus herramientas, incluía contenidos de educación financiera y digital, mecanismos para facilitar el seguimiento de los préstamos y el derecho a la portabilidad de las operaciones de crédito.

Ese último punto permitía que una persona solicitara reemplazar una financiación por otra ofrecida y aprobada voluntariamente por un proveedor diferente.

La propuesta opositora, impulsada por Unión por la Patria junto con sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, apuntaba a una respuesta de emergencia para quienes ya enfrentan dificultades para pagar sus deudas.

El texto planteaba declarar la emergencia por 180 días y establecer un plan de alivio con cuotas que no superaran el 30% de los ingresos. También contemplaba la condonación total de los intereses punitorios para quienes ingresaran al régimen, un plazo mínimo de 12 meses para la reestructuración y 90 días de gracia.

Además, proponía suspender ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos vinculados con las obligaciones alcanzadas.