Tras la resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 y dejó sin efecto las restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros, bancadas de la oposición en Diputados iniciaron conversaciones para reunir los votos necesarios y convocar a una sesión especial, evaluada para el 7 o 14 de octubre, con el objetivo de rechazar en forma definitiva el mega decreto desregulador.

El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anunció la propuesta tras mantener un encuentro con dirigentes del CECIM La Plata y expresó: “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.

En el marco de las reuniones de comisión, la diputada Agustina Propato definió la medida como una “ley de entrega de la soberanía” y advirtió que “le estaríamos abriendo las puertas a los ingleses para que vengan a comprar el resto del territorio argentino”. Por su parte, el senador Martín Lousteau acusó a la Corte de mostrar “una desconexión con el sentir de la sociedad”.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman aseveró que su espacio “siempre estuvo a disposición” para dar de baja la norma e intimó: “Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”.

Asimismo, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que “el DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, mientras que Maximiliano Ferraro llamó a “activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”. En simultáneo, el diputado Esteban Paulón planteó la necesidad de sesionar de manera “urgente” y el presidente del CECIM, Rodolfo Carrizo, alertó que la extranjerización de campos “será muy nociva” porque el país “se va a quedar sin territorio”.

Frente al avance opositor sobre el decreto de 366 artículos, que ya cuenta con el rechazo del Senado emitido en marzo de 2024, la conducción del oficialismo busca contener una eventual derrota en el recinto. Y, como contramedida, analizan la posibilidad de incluir un capítulo de regulación sobre la propiedad rural, con topes del 15% a nivel provincial y 1.000 hectáreas en zona núcleo, dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o de Defensa de la Soberanía Nacional, con el fin de otorgar una alternativa legislativa a los bloques dialoguistas y evitar la derogación total del DNU.