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Conflicto universitario: docentes inician un paro de 72 horas en reclamo por la Ley de Financiamiento

Gremios e instituciones denuncian un atraso en los sueldos superior al 30% e intiman al Poder Ejecutivo a ejecutar los fondos fijados por el Poder Legislativo.

Conflicto universitario: docentes inician un paro de 72 horas en reclamo por la Ley de Financiamiento

Los docentes universitarios llevan adelante un paro de 72 horas en reclamo al Gobierno nacional por la aplicación de la recomposición salarial dispuesta en la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza, resuelta la semana pasada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU durante un plenario de Secretarios y Secretarias, se enmarca en un plan de lucha que precede a una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 15 de octubre.

Los gremios y las casas de altos estudios exigen que la administración del presidente Javier Milei cumpla con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la norma. El reclamo suma el respaldo del juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, quien intimó al Poder Ejecutivo a dar en un plazo de cinco días "cumplimiento total" a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la ley para salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles. Ante esta decisión, la Casa Rosada presentó una apelación.

El recorrido judicial del expediente se inició tras los reclamos de las universidades por la no aplicación de la ley. La medida cautelar interpuesta por Cormick en diciembre pasado contó con el aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme mediante un fallo dictado por la Corte Suprema el 25 de junio pasado. Mientras los sindicatos y las instituciones calculan un atraso adeudado del 31,2% en sus haberes, la propuesta oficial en la última paritaria se limitó a un 3%.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025 y vetada posteriormente por el presidente Milei. Sin embargo, en un hecho inédito, el Parlamento insistió con el proyecto por dos tercios de los votos en ambas cámaras, alcanzando la ratificación definitiva en el Senado el 2 de octubre de 2025. Pese a haber promulgado la norma, el Ejecutivo suspendió su aplicación argumentando que no se detallaron las fuentes de financiamiento, desencadenando la judicialización de la norma y la continuidad de las protestas.

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