El Gobierno presentó el Presupuesto 2027 al Congreso con una proyección de inflación del 18% y una distribución de recursos que vuelve a poner el foco sobre el financiamiento de la ciencia, la tecnología y las universidades nacionales.
Para los organismos que integran el sistema científico, las partidas previstas buscan acompañar esa estimación inflacionaria. Sin embargo, el sector llega a esta discusión después de haber atravesado una fuerte pérdida de recursos reales desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023.
En ese contexto, el presupuesto proyectado para 2027 mantiene la tensión entre las necesidades de financiamiento de los organismos y las restricciones que plantea el esquema presupuestario del Gobierno.
Qué pasará con el CONICET, INTA e INTI
Entre los organismos que recibirán partidas para acompañar la inflación prevista se encuentran el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).
El problema es que esos incrementos dependen de que se cumpla la proyección oficial de una inflación del 18% para el próximo año. Si los precios aumentan por encima de esa cifra, los recursos destinados a estos organismos volverían a perder poder de compra en términos reales.
Según los datos incluidos en el análisis, el sistema científico todavía no logró recuperar la pérdida del 35% de sus ingresos reales registrada desde diciembre de 2023.
La situación será todavía más compleja para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que tendrá una reducción nominal del 12,4% en sus partidas durante 2027.
En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el proyecto contempla una caída nominal del 5,2%. Ambos organismos arrastran desde 2024 un proceso de desfinanciamiento y reducción de personal.
En términos reales, el recorte acumulado alcanza más del 43% en el INTA, mientras que en el INTI la caída ronda el 49% durante el mismo período.
Universidades: menos fondos y una cláusula que genera rechazo
El proyecto de Presupuesto 2027 también contempla un capítulo específico para las universidades nacionales. La iniciativa establece una partida de $7,34 billones, muy por debajo de los más de $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país.
La diferencia entre ambas cifras es uno de los principales puntos de conflicto. Los rectores consideran que los recursos previstos por el Gobierno resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento del sistema universitario y, además, reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
Pero el aspecto económico no es el único motivo de preocupación. El Capítulo II del proyecto incorpora una cláusula que establece que las universidades deberán informar al Ministerio de Capital Humano cuál es la finalidad de sus gastos.
A su vez, el texto contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo interrumpa las transferencias de fondos en caso de incumplimiento de esas condiciones.
La medida generó cuestionamientos entre los rectores, que advierten que esa facultad puede afectar el principio de autonomía universitaria. Desde el sistema universitario también sostienen que la propuesta presupuestaria no alcanza para cubrir sus necesidades y anticipan un escenario de mayor conflictividad durante el tratamiento del proyecto.
Así, el Presupuesto 2027 abre una nueva discusión sobre el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la educación superior, en un contexto en el que esos sectores ya vienen reclamando por la pérdida de recursos y de capacidad operativa acumulada durante los últimos años.