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El proyecto modifica puntos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde las pensiones hasta los aranceles de las prestaciones. Para las universidades prevé $7,5 billones, frente a los $11 billones reclamados por los rectores.
El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso no solo define las partidas que tendrán las distintas áreas durante el próximo año. El articulado también introduce cambios sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y vuelve a abrir la discusión por los recursos destinados a las universidades nacionales.
En discapacidad, la iniciativa modifica el régimen de pensiones, cambia el mecanismo para determinar los aranceles de las prestaciones y deroga cuatro artículos de la Ley 27.793. Para las universidades, en tanto, contempla recursos por debajo de los $11 billones solicitados por los rectores para el próximo año.
Uno de los puntos centrales aparece en el artículo 36 del proyecto. Allí se establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, el artículo siguiente determina que la prestación será incompatible con un vínculo laboral formal y con la inscripción en el régimen general o simplificado.
El proyecto también determina cómo se financiarán los gastos derivados de la emergencia. Los recursos deberán salir de los programas del Ministerio de Salud destinados a las pensiones por invalidez laboral y a la atención médica de los beneficiarios de PNC. Si esas partidas resultan insuficientes, el Ejecutivo podrá realizar una compensación presupuestaria con créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro destinados a Salud y Seguridad Social.
Para 2027, el programa de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa tiene asignados $6,094 billones, mientras que otros $1,165 billones corresponden a la atención médica de los beneficiarios de PNC.
Otro de los cambios relevantes está en el sistema utilizado para determinar los valores de las prestaciones básicas. El proyecto establece que el Nomenclador dejará de tener valores universales y que cada ente obligado deberá fijarlos en su relación con los prestadores.
Cuando el obligado sea el Estado nacional, los aranceles deberán ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, a propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. Si esa actualización no se realiza dentro del plazo previsto, el Ministerio de Salud deberá establecer los valores tomando como referencia el IPC del INDEC.
El esquema modifica lo dispuesto por la Ley de Emergencia, que había establecido valores iguales para los distintos sujetos obligados y un mecanismo de actualización para los aranceles.
Además, el Presupuesto propone derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia. Entre otros cambios, esto alcanza al régimen de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, a la cobertura médica asociada a esa prestación y al mecanismo previsto para convertir de oficio pensiones otorgadas con anterioridad al nuevo régimen.
También queda alcanzado el artículo que regulaba los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. En su lugar, el proyecto incorpora el nuevo mecanismo de determinación de aranceles, con valores definidos por cada ente obligado y un régimen específico para el Estado nacional.
El programa de Desarrollo de la Educación Superior contará en 2027 con créditos por $7,504 billones. Dentro de ese monto, $4,169 billones corresponden a salarios docentes y autoridades superiores, $2,543 billones a salarios del personal no docente y cerca de $413.000 millones a funcionamiento universitario.
También se contemplan $183.142 millones para hospitales universitarios, $80.998 millones para carreras consideradas estratégicas y $14.266 millones para ciencia y técnica en las universidades.
El monto queda por debajo del cálculo realizado por las propias casas de estudio. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó a comienzos de septiembre un proyecto de presupuesto universitario por $11 billones para 2027, que fue remitido a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
La diferencia entre los recursos previstos por el Ejecutivo y el planteo del sistema universitario anticipa que la discusión presupuestaria volverá a tener a las casas de estudio entre sus protagonistas.
El proyecto mantiene, además, la obligación de que las universidades entreguen información sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos transferidos. El Ministerio de Capital Humano podrá interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento en el envío de esos datos.
El CIN, por su parte, sostiene que el presupuesto del próximo año debería tener como piso los fondos contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar posteriormente su actualización.
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