Las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde el inicio del gobierno de Javier Milei, de acuerdo con un relevamiento elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Servicios de Salud. El retroceso de la cobertura se da en un contexto marcado por la pérdida de empleo registrado, el encarecimiento de las prestaciones de salud y el crecimiento de la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público.

En el primer trimestre de 2026, se detectaron que más de 1,2 millones de personas ingresaron al sistema público de salud en comparación con 2023. Los más vulnerables son los jóvenes de entre 15 y 29 años, entre quienes el 49,9% depende exclusivamente de este sistema.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a los trabajadores de comercio, registró una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios desde noviembre de 2023. Por su parte, OSPRERA, que correspondiente a los trabajadores rurales, tuvo una reducción del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados.

OSPeCon, vinculada a los trabajadores de la construcción, que registró una baja del 25,4%, y a OSPe, correspondiente a los trabajadores petroleros, cuya cantidad de beneficiarios cayó 5,1%.

Se trata, en todos los casos, de rubros que sufrieron fuertes caídas del empleo registrado, excepto los rurales. Desde noviembre de 2023, la construcción perdió el 13,8% de sus empleados hasta abril de este año (-60.646 puestos), mientras que Comercio tuvo una baja de 0,8% (-9.413 puestos) y el sector petrolero, de 8,8% (-8.282 empleos). Los estatales, en tanto, sufrieron una baja de 2,1% de los trabajadores (-73.052).

La excepción fue OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, que incrementó su cantidad de afiliados un 154% durante el mismo período. Si bien el crecimiento contrasta con las demás caídas, se explica por el crecimiento de la cantidad de inscriptos en un 7,4% (+150.158).

Desde noviembre de 2023, se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados, según datos oficiales de SIPA. Esto implica que no solo el trabajador quede sin cobertura, sino que también alcanza a su grupo familiar.

Aunque el aumento de la tasa de desempleo no fue tan significante (7,8%), el incremento de la informalidad sí alcanzó al 44,2% de la población, según datos de INDEC. De esta manera, el deterioro de las obras sociales funciona como una consecuencia indirecta de la evolución del empleo formal.

A la par, la desregulación de las cuotas de las prepagas generó un aumento de 460% en las facturas de los hogares, frente a una inflación acumulada del 320% en el mismo período.

El resultado es una reducción del universo de personas que cuenta con algún tipo de cobertura privada.

En el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban con prepaga, obra social ni mutual, según datos de la EPH. Para el primer trimestre de 2026, ese número había trepado a 10.674.416 personas. Es decir, 1.246.285 personas se quedaron sin cobertura privada (pasó del 32% de la población al 35,6%).

La pérdida de cobertura implica, en la práctica, una mayor demanda potencial sobre hospitales y centros de salud públicos. El Instituto Argentina Grande estimó que 231.141 personas pasaron a presionar sobre el sistema de salud pública solamente durante el último trimestre analizado.

Entre los jóvenes de 15 a 29 años se observa una mayor vulnerabilidad, ya que en el primer trimestre de 2026 el 49,9% de las personas de ese segmento etario no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público.

En comparación con el cuarto trimestre de 2023, son 438.790 jóvenes más en esa situación. El grupo registró un crecimiento del 15,3%, el mayor incremento relativo entre los diferentes grupos.