La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario provocó una fuerte reacción dentro del Gobierno nacional. En la Casa Rosada reconocen que el fallo representa un duro revés para la estrategia oficial y abrió una interna sobre el manejo judicial del conflicto.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el impacto económico de la resolución es uno de los principales motivos de preocupación para la administración de Javier Milei. La actualización de los fondos destinados a las universidades nacionales tendría un costo estimado de 1,3 billones de pesos, una cifra que el Ministerio de Economía asegura que no tiene prevista en el presupuesto.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ya había advertido que no existían partidas disponibles para afrontar esa obligación. Sin embargo, tras la resolución del máximo tribunal, el Gobierno comenzó a recalcular el impacto fiscal que tendrá la medida.

Críticas a la estrategia judicial

El fallo también generó cuestionamientos internos hacia los funcionarios encargados de la estrategia judicial del oficialismo.

Fuentes de La Libertad Avanza sostienen que el Ministerio de Capital Humano mantenía conversaciones avanzadas con los rectores de las universidades nacionales para impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con un esquema compatible con el objetivo del Gobierno de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Sin embargo, ese proyecto nunca logró avanzar con rapidez en el Congreso. Dentro del oficialismo atribuyen esa demora al plan impulsado por los operadores judiciales vinculados al Ministerio de Justicia y por algunas autoridades parlamentarias que acompañaron esa estrategia.

Según esas versiones, la apuesta consistía en esperar una resolución favorable de la Corte Suprema antes de avanzar con un nuevo debate legislativo. Incluso, algunos dirigentes aseguraban que el máximo tribunal podía darle "un gesto" al Gobierno que le permitiera ganar tiempo para negociar una nueva normativa.

Con el fallo ya conocido, esa expectativa quedó descartada y crecieron las críticas internas hacia quienes diseñaron esa hoja de ruta.

Un fallo que complica las cuentas públicas

El malestar en Balcarce 50 también responde a que la resolución judicial llegó pocos días después de que el oficialismo alcanzara un acuerdo parcial con las universidades para comenzar a cumplir algunos aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ahora, el escenario cambió por completo y el Gobierno deberá evaluar cómo responder a una decisión judicial que considera de difícil cumplimiento desde el punto de vista presupuestario.

Qué resolvió la Corte Suprema

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema consideró inadmisible el planteo presentado por el Estado nacional contra la medida cautelar.

Los jueces entendieron que el recurso oficial estaba dirigido contra una resolución cautelar, la cual no constituye una sentencia definitiva y, por lo tanto, no habilita la intervención del máximo tribunal mediante esa vía procesal.

De esta manera, la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo de la discusión, es decir, sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario o del Decreto 759/25, y limitó su decisión exclusivamente a una cuestión procesal.