El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió otorgarle la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, a una mujer oriunda de Oro Verde, Entre Ríos, acusada de instigar públicamente a cometer un atentado contra el expresidente Mauricio Macri. La causa se originó por una publicación realizada en Facebook en 2019, cuando Macri aún era presidente de la Nación.

El mensaje que motivó la investigación decía: “Por favor que alguien le dé un tiro en la frente a Macri”, una frase que fue denunciada a través de la línea 143 del Ministerio de Seguridad de la Nación. A partir de esa alerta, intervino el área de Cibercrimen de la Policía Federal, que notificó al Juzgado Federal N.º 10, entonces a cargo de Julián Ercolini, para iniciar la identificación de la autora.

La mujer, identificada por sus iniciales E.B.T., fue localizada en la localidad de Oro Verde y luego quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 1 de Paraná, a cargo de Leandro Ríos. Durante su declaración, sostuvo que su cuenta había sido hackeada y negó haber escrito el mensaje, aunque esa versión no pudo ser comprobada por la investigación judicial.

La imputación se basó en el artículo 209 del Código Penal, que sanciona a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, incluso si ese delito no llega a concretarse. La pena prevista para ese delito va de dos a seis años de prisión, por lo que la defensa solicitó una salida alternativa mediante probation.

El juicio oral iba a estar a cargo del juez Sebastián Gallino, con la acusación impulsada por el fiscal general federal José Ignacio Candioti y la defensa encabezada por la abogada pública Noelia Quiroga. Sin embargo, el tribunal aceptó finalmente la suspensión del proceso, lo que implica que la acusada deberá cumplir determinadas reglas de conducta durante un plazo fijado por la Justicia para evitar una condena formal.

El caso reabrió el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la instigación a la violencia política, especialmente en redes sociales. En un contexto de creciente agresividad discursiva, la Justicia busca marcar una diferencia entre la crítica política y los mensajes que promueven hechos violentos contra figuras institucionales.

En Paraná existe además un antecedente similar con el youtuber Eduardo Prestofelippo, conocido como “El Presto”, investigado por incitar a quemar la casa del entonces intendente Adán Bahl. Ambos expedientes reflejan cómo los tribunales federales avanzan sobre publicaciones digitales cuando consideran que exceden la opinión y se convierten en una incitación directa al delito.