La mortalidad infantil volvió a crecer en Argentina durante 2024. La tasa alcanzó 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa un aumento del 6,25% en comparación con 2023 y marca el mayor salto desde 2002, según un nuevo informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.

El dato no solo preocupa por su magnitud, sino porque rompe con una tendencia descendente que la Argentina sostuvo durante más de dos décadas, con mejoras asociadas a políticas de cuidado perinatal, ampliación de derechos y fortalecimiento del sistema público de salud.

El estudio se elaboró a partir de datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación y advierte que el aumento de la mortalidad infantil no puede leerse como un hecho aislado, sino como el reflejo de un contexto económico y sanitario adverso.

Un indicador sensible del contexto social

La mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles para medir las condiciones de vida de una sociedad. Su evolución está estrechamente vinculada al acceso a controles durante el embarazo, la calidad de la atención del parto, el cuidado del recién nacido y, en términos más amplios, a las políticas públicas de salud, empleo e ingresos.

En ese sentido, el informe señala que el incremento registrado en 2024 se dio en un escenario de fuerte deterioro social, con pérdida del poder adquisitivo, aumento de la pobreza y mayores dificultades para acceder al sistema de salud, especialmente entre los sectores más vulnerables.

Al segmentar por provincias, solo 9 de las 24 lograron sostener la tendencia a la baja, mientras que 15 registraron incrementos respecto de 2023. En varias de ellas, las subas superaron el 10% y, en algunos casos, incluso el 20%, lo que evidencia un problema de alcance federal y no meramente localizado.

Además, el crecimiento se explica principalmente por el aumento de la mortalidad neonatal, que son las muertes ocurridas en los primeros 28 días de vida, cuya tasa pasó de 5,5 a 6 por mil. La mortalidad posneonatal, en cambio, se mantuvo estable.

La mortalidad neonatal concentra cerca del 60% de las muertes infantiles y está directamente asociada a la calidad y oportunidad de los controles del embarazo, la atención del parto y el cuidado inmediato del recién nacido.

Ajuste, recortes y políticas debilitadas

El informe pone el foco en el contexto sanitario de 2024, atravesado por un fuerte ajuste del gasto público. Durante ese año, el presupuesto nacional en salud sufrió recortes reales producto de la licuación por inflación, la subejecución de partidas y la paralización o discontinuidad de programas clave.

En la práctica, esto se tradujo en menor financiamiento para hospitales nacionales, dificultades en la provisión de insumos, medicamentos y equipamiento, y un mayor traslado de responsabilidades a las provincias, muchas de las cuales también atravesaron restricciones fiscales.

La Fundación Soberanía Sanitaria advierte, en particular, sobre el debilitamiento de políticas estratégicas en el área perinatal. Entre los retrocesos señalados figuran la pérdida de capacidad operativa del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la suspensión de la provisión nacional de medicamentos e insumos críticos para recién nacidos, como surfactante pulmonar, y la discontinuidad de programas de prevención, como el de Sueño Seguro.

Estas decisiones, señala el informe, profundizaron la fragmentación del sistema de salud y ampliaron las desigualdades entre provincias con distintas capacidades de respuesta.

“La mortalidad infantil vuelve a mostrar su carácter de indicador privilegiado del impacto de las políticas públicas. Cuando el Estado se retira, las consecuencias aparecen primero en los sectores más vulnerables”, concluye el informe.