Este viernes y en el marco del periodo vacacional de verano, la Secretaría de Trabajo extendió por cinco días la conciliación obligatoria en el conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea y la ATEPSA. La prórroga estará vigente hasta el 26 de enero a las 8.

En paralelo, la cartera laboral convocó a una nueva audiencia entre las partes para el viernes 23 a las 11, con el objetivo de avanzar en una salida al conflicto paritario que continúa abierto.

Fuentes oficiales recordaron que los servicios de navegación aérea que presta EANA están considerados esenciales por ley. En ese marco, el gremio no puede disponer medidas de fuerza de manera intempestiva y debe presentar un cronograma con al menos cinco días de anticipación, sin afectar más del 45% de las operaciones aéreas.

La conciliación obligatoria, dictada inicialmente el 23 de diciembre y ahora prorrogada, permitió suspender las medidas de fuerza impulsadas por ATEPSA, aunque la negociación salarial aún no se resolvió. La definición de la paritaria no depende directamente de EANA, ya que la empresa se rige por la pauta salarial de Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña.

La extensión fue posible a partir de las normativas vigentes, que habilitan a la autoridad laboral a otorgar una prórroga adicional de cinco días hábiles a pedido de la empresa estatal. De no alcanzarse un acuerdo, el sindicato que conduce Paola Barritta podría retomar asambleas o paros una vez vencido el plazo.

El conflicto registra antecedentes recientes. En julio del año pasado se dictó una conciliación obligatoria para desactivar protestas en la previa de las vacaciones de invierno. En agosto se realizaron tres jornadas de paro nacional, que se suspendieron tras un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos. En noviembre se retomaron las medidas con paros focalizados en vuelos de carga y en diciembre se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros y derivó en la conciliación vigente. Además del plano laboral, la disputa llegó a la Justicia federal, donde se investigan presuntas irregularidades administrativas y posibles fallas en la seguridad operacional.