La administración nacional resolvió extender la suspensión de las incorporaciones de personal en el ámbito del Sector Público Nacional y ratificó la prohibición de realizar nuevas contrataciones, con la inclusión de un régimen de excepciones para áreas específicas. La decisión quedó establecida mediante el decreto 934/2025, que oficializa la continuidad de la política sobre la planta estatal.

El alcance de la medida es amplio y comprende a todas las jurisdicciones y entidades del sector público. En ese marco, la normativa establece que “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”, una disposición que abarca desde plantas transitorias y contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público hasta contratos laborales, locaciones de servicios profesionales, designaciones transitorias en cargos de planta permanente y contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.

No obstante, el decreto introduce un conjunto de excepciones vinculadas a funciones consideradas estratégicas o sujetas a regímenes particulares. Entre ellas se incluyen las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, el personal de hospitales nacionales y de institutos de investigación del Ministerio de Salud, el personal de gabinete y las designaciones destinadas a cargos ejecutivos y jefaturas del SINEP.

En los casos en que se habilite alguna de estas excepciones, la norma fija un criterio de compensación: deberán computarse dos bajas por cada alta. A tal efecto, se consideran válidas las renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos ocurridas durante 2026, mientras que quedan excluidas las bajas derivadas de planes de retiro voluntario o acuerdos de desvinculación.

Por último, el decreto dispone que toda incorporación autorizada bajo el régimen excepcional deberá contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que será la encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas antes de habilitar cualquier alta de personal.