Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, presentó una acción de amparo para solicitar la nulidad de las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN). El recurso judicial busca declarar inconstitucional el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, realizado el pasado jueves durante la madrugada. La presentación será sorteada este lunes para determinar el juzgado que llevará la causa.

La controversia se originó tras la votación del Presupuesto 2026, cuando el oficialismo y el peronismo formalizaron los tres cargos que corresponden a la Cámara Baja. En la maniobra, La Libertad Avanza designó a Almada y cedió un espacio a Calletti, mientras que el kirchnerismo respaldó la continuidad de Forlón y apoyó también la postulación de Calletti. Esta resolución dejó sin representación al bloque PRO, que aspiraba a ocupar uno de los lugares en el organismo de control.

El argumento central del amparo sostiene que el nombramiento fue irregular por realizarse fuera del temario establecido para las sesiones extraordinarias. Según Ritondo, el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia en este periodo, ya que la agenda depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. Además, cuestionó que la moción se presentó sin especificar el procedimiento ni solicitar el apartamiento del reglamento correspondiente.

Desde el partido liderado por Mauricio Macri denunciaron la existencia de un pacto político entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Ritondo calificó la situación como una "falta de códigos" y una violación a los compromisos asumidos previamente entre su bloque y el oficialismo. La fuerza política sostiene que realizar la votación en un horario de baja visibilidad y a espaldas del debate público debilita las reglas constitucionales del sistema de control.

Finalmente, figuras del espacio como la legisladora Laura Alonso reforzaron la postura del bloque al afirmar que se produjo una ruptura de la confianza política. Alonso destacó que la votación no solo fue inconstitucional por cuestiones de forma, sino que representó la quiebra de un acuerdo que se venía negociando desde hacía tiempo. El conflicto marca una creciente tensión institucional entre el PRO y el Gobierno nacional en el ámbito parlamentario.