El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, presentó un descargo ante el fiscal Garganta en la causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). El planteo quedó incorporado al expediente en el que se analizan posibles maniobras ilegales vinculadas tanto al sistema de VTV como a la gestión de infracciones de tránsito en rutas de la provincia.

En el marco de la investigación, la fiscalía también indaga la existencia de un presunto entramado integrado por abogados y funcionarios que habría intervenido para reducir o anular multas de tránsito captadas por sistemas de control vial a cambio de pagos ilegales, con la participación de distintos actores que aún están bajo análisis judicial.

A través de un escrito de 25 carillas, D’Onofrio sostuvo que el proceso licitatorio fue “legal, público e internacional” y afirmó que contó con el aval de los organismos de control y asesoría correspondientes. En ese sentido, negó haber direccionado la adjudicación de las concesiones y aseguró que no existieron beneficios indebidos para las empresas que obtuvieron los talleres verificadores en 2024.

La pesquisa pone el foco en un esquema que involucra a más de cuatro millones de vehículos registrados en la provincia, cuyos propietarios deben realizar la VTV y abonar, como mínimo, $79.640 en el caso de los autos particulares. Para la fiscalía, el ex ministro habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y articulado un mecanismo de retornos mediante una firma contratada para administrar los turnos y los cobros.

En paralelo al análisis del descargo, el fiscal Garganta citó a declarar en los próximos días a los propietarios y titulares de las siete empresas que recibieron las licencias para operar la VTV en distintos puntos de la provincia, incluido Decio. Al mismo tiempo, continúa avanzando una línea de investigación vinculada a un presunto armado para la manipulación de fotomultas, que habría contado con la intervención de jueces de faltas ubicados en diversos puntos estratégicos.

Aunque D’Onofrio se encuentra en libertad, su situación judicial se agravó en las últimas semanas, luego de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay lo procesara por presunto lavado de activos, dispusiera un embargo por $350 millones y ordenara la inhibición general de sus bienes.