Este viernes, el presunto capo de la droga uruguayo, Sebastián Marset, fue arrestado en Bolivia. El detenido, de 34 años, es señalado como el líder del Primer Cártel Uruguayo y era buscado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Tras la captura, el ministro del Interior boliviano, Marco Antonio Oviedo, confirmó su trasladado a Estados Unidos y aclaró que no hubo heridos durante el operativo.

La detención se produjo poco después de que Bolivia restableciera la cooperación operativa con la DEA tras una interrupción de 17 años. Aunque la agencia estadounidense no participó directamente en el arresto, sí estuvo involucrada en el traslado. En Estados Unidos, el uruguayo enfrenta cargos por lavado de dinero, mientras que en Paraguay y Bolivia es buscado por crímenes relacionados con el tráfico de cocaína hacia Europa.

Durante una conferencia de prensa en La Paz, el presidente Rodrigo Paz se refirió a la importancia del operativo: "Ha caído uno de los narcotraficantes y criminales considerados entre los cuatro más grandes del continente". Luego, añadió que la captura "marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado y reafirma la determinación del gobierno de enfrentarse a las mafias internacionales".

Además, Marset cuenta con un historial de antecedentes que incluye un arresto en Dubái en 2021, donde obtuvo un pasaporte uruguayo que le permitió salir de los Emiratos Árabes, hecho que derivó en la renuncia de varios funcionarios en Uruguay. Asimismo, en 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro lo vinculó con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido en Colombia, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales contra él por ese caso.

La captura del presunto narcotraficante ocurre tras la reciente participación del presidente Paz en una cumbre en Florida con Donald Trump para conformar una coalición contra los cárteles. El arresto de Sebastián Marset se suma al de su hermano, Diego Nicolás Marset, quien fue detenido en Brasil durante 2023 en una operación coordinada por agencias de seguridad de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.