El Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, el primer gran avance para habilitar la explotación de un yacimiento de cobre en Uspallata, en el departamento de Las Heras. La Cámara alta provincial lo aprobó por 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

La decisión marca un giro para una provincia con historial de resistencia social a la megaminería. El proceso incluyó una audiencia pública de diez días y más de 9.500 aportes ciudadanos, uno de los puntos más controversiales del debate.

Proyecto de megaminería en Mendoza

El proyecto, promovido por la empresa PSJ, promete USD 559 millones de inversión, entre 18 y 24 meses de construcción y la creación de más de 3.900 puestos de trabajo en esa etapa. En operación, proyecta unos 2.400 empleos directos e indirectos. Con el aval legislativo, ahora arranca la fase de factibilidad, que demorará alrededor de un año.

Desde la compañía aseguran que el diseño prioriza el “uso responsable del agua”, con más del 80% de recirculación y sin sustancias prohibidas por la ley provincial. También remarcan que el abastecimiento provendrá del Arroyo El Tigre y que no afectará ni a comunidades ni a productores. “Fue un proceso largo y participativo. Ahora empieza la etapa técnica”, declaró el CEO, Fabián Gregorio, tras la sesión.

Organizaciones socioambientales y especialistas cuestionan el impacto sobre los recursos hídricos y la actividad productiva del oasis mendocino. El abogado ambientalista Enrique Viale recordó que Mendoza tiene apenas un 4% del territorio irrigable y que “el agua define la supervivencia”. También advirtió que la provincia ya frenó una iniciativa similar en 2019 por falta de licencia social.

Viale sostuvo que el proyecto avanza “sin consenso” y alertó por la instalación de megaminería “en la cabecera del río Mendoza”. Además, puso en duda el discurso de desarrollo: “En provincias mineras como Catamarca y San Juan, los índices de pobreza siguen siendo altos”, señaló.

Mientras tanto, la empresa promete mantener abierta su oficina comunitaria en Uspallata y garantizar acceso público a los datos del monitoreo ambiental. La vida útil estimada del yacimiento es de 16 años, con posibilidad de extensión, y un plan de cierre ajustado a la normativa provincial.