Un fallo del juez subrogante Lucas Alfredo Taboada ordenó silenciar durante seis meses a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (empresa de medios que opera un canal de televisión por cable y una señal digital en Tucumán) y a todo su equipo periodístico. La medida prohíbe difundir, por televisión, radio, redes sociales o cualquier otro medio, cualquier contenido que “injurie, desacredite, tergiverse o distorsione” la actuación de fiscales y jueces de la provincia.

La decisión fue dictada el 4 de noviembre de 2025, a pedido del fiscal general Edmundo “Pirincho” Jiménez, quien denunció una “campaña de desprestigio” en su contra. El expediente, tramitado por el fiscal Daniel Esteban Sosa Piñero, incluye al empresario Gustavo Olarte, titular del medio, y deriva en una investigación penal por “coacción institucional e incitación al descrédito”.

El juez Taboada sostuvo que las críticas del canal no eran un “ejercicio democrático del control del accionar de los funcionarios de justicia”, sino un “intento de constreñir y limitar el ejercicio funcional” de esos funcionarios. En su fallo, calificó los informes periodísticos como una “campaña pública de hostigamiento y desprestigio contra el sistema de justicia provincial”. La resolución también ordena comunicar la medida al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que controle su cumplimiento, una decisión que implica una intervención estatal directa sobre la tarea de un medio de comunicación.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió el fallo y lo consideró “una grave violación a la libertad de expresión y un caso de censura previa”. “Ninguna autoridad del Estado puede impedir de antemano la difusión de opiniones o críticas sobre funcionarios públicos”, expresó el organismo.

Además, la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) emitió un comunicado en el que consideró el fallo como "un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada. El fallo instala un bozal judicial sobre periodistas y medios".

El fallo, que ya rige en toda la provincia, fue dictado sin audiencia con las partes afectadas, lo que refuerza las críticas sobre la falta de garantías procesales y la discrecionalidad judicial. Abogados y entidades de prensa advierten que se trata de un caso de censura previa sin precedentes, que prohíbe por adelantado cualquier crítica hacia funcionarios públicos y deja abierta la posibilidad de sanciones penales o administrativas por incumplimiento.