La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), junto a sus pares de Brasil y México, está desarrollando un proyecto de ley "Anti-Shein" con el objetivo de introducir controles sobre la importación de prendas desde plataformas como Shein y Temu. El borrador contempla exigencias de certificados de origen, controles ambientales, niveles de toxicidad, aranceles e impuestos adicionales, inspirándose en una normativa recientemente sancionada en Francia.

El proyecto surge en medio de una profunda crisis en el sector textil local: durante el segundo trimestre de 2025, el 50 % de las empresas registró caídas en ventas (con un promedio de -7 %), y en los últimos dos años, 8 de cada 10 enfrentaron una contracción promedio del 30 %. La situación se agrava en un marco donde más del 70 % del consumo de indumentaria proviene de productos importados.

Pese a la iniciativa empresarial, el Gobierno expresó una postura negativa: el diputado José Luis Espert calificó a los promotores de la ley como “empresaurios impresentables” y aseguró que los consumidores deben poder acceder a precios razonables sin límites innecesarios. 

Por su parte, el vocero Manuel Adorni mostró comparativas que apuntan a diferencias de precios dentro del mercado local, insinuando beneficios indebidos detrás del impulso de la medida.

Sin embargo, en el Congreso ya se registran voces favorables. Legisladores como Miguel Ángel Pichetto, quien destacó el efecto “letal” de plataformas como Shein para la industria local, junto con referentes de partidos como el radicalismo y Encuentro Federal, manifestaron su apoyo. 

La idea es presentar el proyecto después de las próximas elecciones, con amplio respaldo multipartidario. La iniciativa se propone nivelar el campo de juego: se busca que las prendas importadas cumplan con las mismas regulaciones que la producción local en materia de calidad, impacto ambiental e impuestos. 

Además, se apuntaría a desalentar el modelo de "ultra fast-fashion" mediante medidas como prohibiciones publicitarias y tasas ecológicas. El éxito de la ley dependerá de su articulación con bloques políticos y del contexto postelectoral.