El Gobierno dispuso este lunes el inicio del proceso de privatización de Intercargo. Según la Resolución 1067/25, publicada en el Boletín Oficial, la operación se realizará mediante la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional, y no prevé el otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada.

Intercargo es una de las empresas del Estado que quedaron sujetas a privatización en la versión reducida de la Ley Bases que el Congreso aprobó a mediados del año pasado.

La privatización de la compañía responsable del servicio de asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país comenzó en marzo de este año, cuando, a través del Decreto 198, el Gobierno autorizó el procedimiento para su transferencia a manos privadas. En la Resolución de este lunes, el Gobierno estableció el mecanismo y los plazos para su venta.

En primer término, instruyó a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, a actualizar el inventario de los bienes tangibles e intangibles que hagan al valor de las acciones de dicha Sociedad y a iniciar las actuaciones correspondientes para rescindir el contrato de concesión vigente celebrado entre el Estado y la compañía.

En paralelo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá solicitar a una entidad bancaria pública la valuación del paquete accionar de la empresa y coordinar las demás acciones necesarias para privatizar Intercargo en un plazo no mayor a ocho meses a partir de este 28 de julio.

"Esta medida busca mejorar la competitividad del sector, fomentando mayores inversiones en infraestructura y una oferta de servicios de mejor calidad tanto para las líneas aéreas como para los pasajeros", dijeron desde la Secretaría de Transporte.

Ola privatizadora

Intercargo se suma a la lista de empresas públicas que el Gobierno pretende trasladar al sector privado.

En pos de ese objetivo, durante las últimas semanas se iniciaron los procesos de privatización de AySA, Enarsa y Belgrano Cargas.

Además, continúan en la mira otras empresas, como, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Confiado en una victoria que les permita afianzar su posición en el Congreso, el Gobierno espera el recambio legislativo que decantará de las elecciones de octubre para avanzar con éste y otros casos.