Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Lo anunciaron este jueves las autoridades educativas de esa provincia. Así, el receso invernal será del 10 al 23 de julio.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco, mediante la Resolución N° 3511, definió adelantar el receso invernal en los niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior y sus modalidades, y Servicio Bibliotecario de la provincia.
Así, la cartera educativa cambió las fechas establecidas en el Calendario Escolar 2019 y el receso de invierno –que iba a ser del 15 al 26 de julio- iniciará el 10 y terminará el 23 de julio.
La modificación está fundamentada en las "razones climáticas provocadas por las bajas temperaturas en toda la provincia".
Anunciaron además que el acto de conmemoración de la Declaración de la Independencia programado para el martes 9 de julio deberá comenzar a las 11 de la mañana, a fin de resguardar la salud de los estudiantes de todos los niveles y modalidades.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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