La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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En Mendoza, se formarán funcionarios del Ministerio Público Fiscal, para que sus investigaciones consideren la perspectiva.
Durante octubre, los fiscales de Mendoza y sus equipos recibirán una capacitación obligatoria para abordar las investigaciones de muertes violentas de mujeres, con perspectiva de género.
La idea es considerar desde el comienzo y, como primera hipótesis, que se trata de un femicidio. Es que, a veces, recabar las pruebas necesarias para demostrarlo, es fundamental; ya que de ser considerado un homicidio pueden perderse elementos.
Mendoza es la segunda provincia -luego de La Pampa- en tener un documento que establece la necesidad de esta capacitación y línea de investigación. Otro aspecto que contempla es que deben garantizarse los derechos de la víctima y sus familiares.
Hay que tener en cuenta que la ley nacional 26791 estableció la reclusión perpetua en casos de femicidio. Sin embargo, las concepciones de quienes intervienen, no siempre incluyen la mirada que garantice ese tipo de fallos.
Según Rosana Dottori, de la Dirección de Enlace Institucional del Ministerio Público Fiscal, expplicó al diario Los Andes que no siempre es fácil garantizar esta perspectiva. “Los estándares internacionales lo exigen y esa es la debida diligencia, este protocolo determina un piso mínimo y cuáles son las herramientas de la Justicia”, indicó, y es por eso que la aplicación es obligatoria.
El próximo 18 de octubre será la primera capacitación, destinada a funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal y también a quienes pertenecen a otros sectores de la Justicia.
El Protocolo de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género redactado en Mendoza es una adaptación del Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado por la ONU.
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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