Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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"Vamos a apelar y recusar a la jueza Dora Temis. Claramente no se informó antes, hay animosidad o quizás quiera forzar una cuestión política", aseguró el Ministro de Educación de la Nación, luego de que se presentara esta nueva medida que obliga a convocar a paritarias nacionales docentes.
Según resalta el escrito del juzgado Nº58, a cargo de la doctora, el Gobierno Nacional tendrá cinco días hábiles para llamar a los gremios docentes, en búsqueda de un nuevo acuerdo económico. Cabe resaltar que el conflicto gremial que concluyó en un paro general inició por dicho motivo.
"La paritaria nacional que teníamos que hacer ya la hicimos. No es un capricho. Insisto: el Gobierno no puede ir a paritarias nacionales, porque ya fueron, ya aumentamos el piso salarial", agregó el funcionario Bullrich y remarcó que Temis "no está bien informada".
Por otra parte, asumió la idea de un interés de fondo sobre la medida de Temis ya que "no es menor que la jueza haya sacado la sentencia en el día del paro". Luego condenó como error "grosero" el accionar del juzgado.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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