Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Dos amigas de 18 y 22 años fueron encontradas degolladas en una zona rural de la localidad chaqueña de Quitilipi, y por el doble femicidio investigan a la actual pareja de una de las víctimas.
Las jóvenes asesinadas fueron identificadas como Fátima Florencio, de 18 años, y Magdali Romero, de 22. Las chicas fueron vistas con vida por última vez el miércoles de la semana pasada.
El domingo, un vecino de Quitilipi percibió olores nauseabundos y la presencia de aves a la vera de un camino rural y descubrió dos cuerpos desnudos. Las madres de las chicas reconocieron los cuerpos.
La fiscal de la causa, Liliana Lupi, dispuso en las últimas horas un allanamiento de la vivienda donde una de las jóvenes residía con su actual pareja y en la que se secuestraron elementos de interés para la investigación.
Lupi emitió el pedido de captura internacional de Cristian Javier Sabalich como principal sospechoso del crimen de Romero y Florencio.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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