Luego de la aprobación en diciembre del año pasado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (N° 27.610) y su posterior sanción en enero de este año, varios fueron los pedidos judiciales en las provincias que buscaron dejarla sin efecto. Sin embargo, actualmente la ley rige en todo el país.

¿En qué situación se encuentran los pedidos?

Chaco

La provincia de Chaco fue el único territorio en el que hubo una suspensión de la norma hasta hace pocos días atrás.

¿Qué fue lo que pasó? Seis particulares habían conseguido que, en plena feria judicial, el Juzgado Civil y Comercial 19 ordenara "la suspensión de la vigencia y/o no aplicación" en el territorio de la provincia de la ley 27.610.

La sentencia fue revocada el 18 de marzo y rechazada la medida cautelar que había frenado el acceso a la práctica en la provincia. La jueza Marta Aucar de Trotti, que había hecho lugar a la medida, fue denunciada por prevaricato.

San Luis

El mismo día que el Poder Judicial daba marcha atrás en Chaco, el sector "celeste" tuvo un fallo favorable en San Luis.

La ex senadora Liliana Teresita Negre de Alonso -quien había sido referente en 2010 en contra de la Ley del Matrimonio Igualitario- realizó una presentación contra el Gobierno de la provincia en la que reclama una "acción declarativa de certeza" por considerar que había una contradicción entre la ley de aborto y un artículo del Código Civil y Comercial.

La jueza María Eugenia Bona hizo lugar al pedido y declaró la plena vigencia del artículo "que reconoce la existencia de la persona humana desde la concepción".

Sin embargo, esta respuesta judicial no tiene el mismo alcance que tuvo la chaqueña dado la declaración de inconstitucionalidad no trajo aparejada la suspensión del derecho. Tanto la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tienen actualmente plena vigencia en todo el territorio de San Luis.

Salta

En la provincia, el juez federal Julio Bavio rechazó una cautelar que pretendía suspender la ley a través de una presentación que ampliaba un rechazo previo al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación. 

La presentación estaba ligada a la también ex senadora Cristina Fiore, de la red de legisladores por la vida. El juez la consideró "improcedente" y desestimó en enero el pedido de medida cautelar.