La noticia surgió luego de una reunión que mantuvieron en la jornada de viernes el juez federal Claudio Bonadio, quien lleva adelante la causa contra todos los empresarios y funcionarios, y el jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli. Según detallaron, la misma se dedicará a los movimientos de dinero dentro de las compañías involucradas.

Muchas de las empresas ligadas a la supuesta red de corrupción pertenecen al rubro de la construcción y en los últimos días los máximos representantes de las mismas, incluyendo dueños y directores, acordaron extender sus declaraciones tras declararse como arrepentidos en la causa.

La Administración Federal de Ingresos Públicos considera que a los sobornos y el eventual lavado de dinero también puede asociarse el delito de evasión tributaria, con el uso de "facturas truchas" para canalizar el dinero negro mencionado en la investigación judicial que se aceleró con la detención de Centeno.

Tras la aparición de los cuadernos, el ente recaudador informó que ya venía investigando a varias compañías que luego aparecieron en esos cuadernos. Cuccioli le dijo al juez que la misma continuará en forma "sistemática" a todas las empresas del sector de la construcción.

En las primeras actuaciones de la causa ya suman 23 las empresas investigadas por su participación en el pago de sobornos relacionadas con las obras públicas para infraestructura energética. Además, Bonadio le pidió a la Oficina Anticorrupción armar un mapa con las empresas que participan en obras públicas para profundizar la investigación.

Las compañías en cuestión están vinculadas con el delito de "asociación ilícita" por el supuesto pago de coimas a funcionarios de le gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre los años 2005 y 2011. Los nombres que figuran como máximos responsables son el de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Roberto Baratta, su mano derecha.