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Abuso sexual infantil en Argentina: aumentan los casos y alertan sobre el riesgo de desalentar las denuncias

En los últimos cinco años, la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual creció un 91%, según datos de la línea 137. Especialistas advierten sobre las dificultades para denunciar, el bajo nivel de condenas y el posible impacto de nuevas sanciones por falsas denuncias.

Abuso sexual infantil en Argentina: aumentan los casos y alertan sobre el riesgo de desalentar las denuncias

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) es una problemática que continúa creciendo en Argentina y que enciende las alarmas de profesionales de la salud y la Justicia. Las cifras reflejan una realidad preocupante: se estima que cerca de dos millones de chicos y chicas son víctimas de este tipo de violencia en el país, mientras que la mayoría de los casos nunca llega a una instancia de denuncia.

Según los datos de la línea 137, durante la última década se registró un incremento sostenido de las consultas por violencia sexual contra menores. La tendencia se profundizó en los últimos cinco años, período en el que la cantidad de víctimas aumentó un 91%.

El escenario también se refleja en el ámbito sanitario. En el servicio de Sexología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ocho de cada diez personas que consultan manifiestan haber sufrido abusos sexuales durante su infancia o adolescencia.

De acuerdo con una proyección de Red por la Infancia, difundida por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI), en Argentina hay cerca de 2.000.000 de chicas y chicos víctimas de violencia sexual. Sin embargo, las estadísticas sobre denuncias y condenas muestran las dificultades que existen para abordar estos delitos.

Abuso sexual infantil: por qué es tan difícil denunciar

De acuerdo con la definición de UNICEF, el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende los contactos e interacciones entre un menor y un adulto cuando este último utiliza al chico o chica para estimularse sexualmente a sí mismo, al menor o a otra persona. También puede darse entre adolescentes y niños más pequeños cuando existe una diferencia significativa de edad, desarrollo o tamaño, o cuando se aprovecha esa desigualdad.

La dimensión del problema se vuelve todavía más preocupante al observar qué sucede con los casos que llegan a la Justicia. Se estima que, de cada 1.000 abusos sexuales infantiles, apenas 100 son denunciados. De ese total, al menos la mitad termina archivada y solo uno llega a una condena. Además, un estudio sobre la temática señala que el 3,8% de las denuncias resultaron falsas según evaluaciones psiquiátricas forenses.

“Es una de las formas de violencia más graves porque afecta a un psiquismo que no está preparado ni para consentir ni para metabolizar lo que sucede”, explicó la Dra. Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas.

La especialista señaló que, en la mayoría de los casos, el abuso ocurre dentro del entorno cercano de la persona afectada. Por eso, cuando llega el momento de denunciar, suelen aparecer obstáculos vinculados al temor de recurrir a la Justicia, la complejidad de los procedimientos y la falta de recursos para atravesarlos.

En ese contexto, Ongini advirtió sobre una nueva dificultad: el posible efecto intimidatorio de las iniciativas que buscan endurecer las sanciones por falsas denuncias.

Falsas denuncias: qué advierten los especialistas sobre los nuevos proyectos

Actualmente, el Código Penal argentino ya contempla penas para quienes denuncian falsamente un delito o presentan un testimonio falso ante una autoridad. Estas conductas están previstas en los artículos 245 y 275, respectivamente, además de las disposiciones vinculadas con calumnias e injurias.

Sin embargo, una iniciativa presentada recientemente en el Congreso propone aumentar las penas de prisión y establecer consecuencias económicas más severas para quienes realicen denuncias falsas.

El tema fue uno de los ejes del último Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, realizado el mes pasado en el Hospital de Clínicas de la UBA. Allí, especialistas advirtieron que la amenaza de nuevas sanciones podría generar temor en quienes necesitan denunciar una sospecha de abuso sexual y convertirse en una barrera adicional para la protección de las infancias.

Durante el encuentro participaron los doctores Emiliano Maserati y Aldo De la Fuente, representantes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISNN), junto con la Dra. Silvia Ongini. Los expositores coincidieron en la importancia de priorizar los derechos y la protección de NNyA, con intervenciones profesionales responsables y respuestas judiciales adecuadas.

En relación con la identificación de denuncias falsas, Ongini explicó que el diagnóstico de abuso no puede basarse en un único elemento, sino que requiere una evaluación integral.

“En general, cuando una denuncia es falsa, suelen encontrarse contradicciones en los síntomas, en el relato y en la actitud del adulto que acompaña al NNyA”, sostuvo. También remarcó que los profesionales de salud mental deben documentar y fundamentar sus evaluaciones con especial exhaustividad cuando se encuentran ante estas situaciones.

La médica agregó que existe jurisprudencia en casos donde se acreditaron denuncias falsas, con resoluciones que modificaron la tenencia de los hijos y dieron lugar a reclamos resarcitorios por las consecuencias que atravesaron las personas involucradas.

Cómo prevenir y detectar el abuso sexual infantil

Frente a esta problemática, la prevención y la detección temprana son fundamentales. Ongini destacó que el acompañamiento de las familias y las instituciones educativas puede contribuir a que niñas y niños reconozcan su cuerpo, comprendan sus derechos y cuenten con herramientas para identificar situaciones de violencia.

Entre las principales recomendaciones de la especialista se encuentran:

* Acompañar el crecimiento integral: ayudar a niñas y niños a conocer y apropiarse de su propio cuerpo.

* Consultar con profesionales: madres y padres pueden pedir orientación a sus pediatras sobre cómo acompañar este proceso.

* Respetar sus decisiones: no obligarlos a dar besos o abrazos a otras personas y reconocer su derecho a decir que no.

* No delegarles toda la responsabilidad: enseñarles sobre el cuidado del cuerpo no significa dejar en sus manos la obligación de defenderse ante una situación de abuso.

* Incorporar herramientas en las escuelas: brindar información y espacios de acompañamiento para reconocer situaciones de violencia.

* Prestar atención al entorno digital: reconocer la gravedad de las violencias que ocurren en internet y las redes sociales, que muchas veces son minimizadas.

La detección temprana también cumple un papel central para evitar que la violencia continúe y garantizar que la víctima reciba la contención necesaria. Ante una sospecha, la especialista remarcó que es fundamental evitar los interrogatorios y cualquier práctica que pueda generar una revictimización.

“Su detección temprana da la posibilidad de impedir que continúe, de contener a la persona e intervenir adecuadamente frente a la situación”, explicó Ongini. Y concluyó que es indispensable reconocer a la víctima como tal, entendiendo que nunca tuvo la responsabilidad ni pudo hacer algo para impedir que el abuso sucediera.

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