El Senado le dio media sanción al proyecto de reforma de la ley de Salud Mental y giró el texto a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo. La votación concluyó con 42 adhesiones y 21 rechazos.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de los bloques La Libertad Avanza, PRO, UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz. Por el contrario, los 21 votos negativos pertenecieron al bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal. La discusión sobre esta normativa se inició formalmente pasadas las 22:30, tras la aprobación de los proyectos vinculados a inversiones relevantes y al Mercado Voluntario de Carbono.

El texto original elaborado por el Poder Ejecutivo incorporó modificaciones centrales a partir del rechazo inicial que manifestaron sectores aliados y administraciones provinciales. En el dictamen de mayoría se estableció: "La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario".

Durante la apertura de la sesión, la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascatea (La Libertad Avanza), expresó: "si tuviera que resumir este dictamen de reforma a la Ley de Salud Mental en una palabra sería: 'llegar a tiempo'". En esa línea, remarcó: "Llegar a tiempo significa pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente", además de calificar a la legislación previa como "insuficiente" y señalar que "hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas".

En contraposición, Guillermo Andrada (Convicción Federal), autor de un dictamen de minoría junto a Carolina Moisés y Sandra Mendoza, cuestionó la iniciativa: "¿La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden".

Desde el radicalismo, Maximiliano Abad manifestó: "nadie puede ser indiferente al dolor que atraviesan miles de argentinos que sufren padecimientos mentales y consumos problemáticos". No obstante, aclaró: "Esta ley se ha mejorado mucho pero tengo diferencias con la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios".

Por su parte, Carlos Arce (Movimiento por Misiones) expuso: "cada provincia debe contar con los medios necesarios para cumplir con esta Ley de Salud Mental y garantizar así que su población reciba la atención que necesita", para luego concluir: "Con esta incorporación, expresamos nuestro acompañamiento al dictamen".

A su turno, Gerardo Zamora (Frente Cívico y Social de Santiago del Estero) afirmó que con esta "reforma se le cargan a las provincias nuevas tareas" sin previsión de "los recursos", y planteó: "Vamos a discutir leyes como se financia la salud". A ello sumó: "Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud".

Hacia el término de la jornada, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo: "Lo estamos planteando que esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención". Asimismo, la legisladora indicó: "Acá se han planteando varias opciones", y afirmó que los centros especializados "no son manicomios".

Qué cambios introduce la reforma

- Se permiten las internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, que un solo médico puede resolver ante un cuadro de emergencia.

- Un equipo interdisciplinario cuenta con un plazo de 48 horas para su revalidación y queda habilitada la realización de teleconsultas con especialistas en psiquiatría.

- La medida de internación se comunica a la sede judicial correspondiente, a diferencia del esquema previo que exigía una resolución emitida por un juez.

- La existencia de un plan de egreso desde el diagnóstico inicial constituye un requisito obligatorio de internación, con notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, progenitores o hijos para articular el alta.

- Se establece un esquema de cooperación económica entre el Estado nacional y las provincias, cuyos fondos deben constar en el Presupuesto Nacional.

- Se mantiene la prohibición legal respecto de la apertura y creación de manicomios.

- Se amplía el catálogo de adicciones contempladas para que la ludopatía reciba tratamiento formal como problema de salud mental.

- La atención de personas menores de edad queda sujeta a equipos con formación específica infantojuvenil y en sectores edilicios diferenciados de la población adulta.