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El Gobierno apeló el fallo que invalidó el Decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y lo obligaba a aplicar la norma aprobada por el Congreso.
A través del Ministerio de Capital Humano, la Casa Rosada presentó ante la Justicia un recurso en el que rechaza la decisión del juez Martín Cormick -de dejar sin efecto el DNU 759/25- por considerar que causa una "gravamen irrecuperable".
Para el Gobierno, la sentencia causa “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, argumentando que ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.
En ese sentido, señalaron que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, al no identificar una “fuente de financiamiento específica y suficiente”. En medio del conflicto universitario, Juan Grabois cuestionó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien calificó de “fanática de los desacatamientos judiciales”.
Desde la cartera a cargo de Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), al sostener que no constituye una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.
Con respecto a los recursos necesarios, remarcaron el impacto sobre el equilibrio fiscal y plantearon que la Ley 24.629 debe interpretarse “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798, reguladoras de la autorización y ejecución del gasto público.
Asimismo, enfatizaron que “si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, al tiempo que aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”. Por otro lado, manifestaron que la confirmación de la resolución judicial afectaría la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”. De esta manera, el Ejecutivo busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la norma, en el marco de las demandas del sector universitario por partidas presupuestarias y avances en la paritaria docente y no docente.
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