La petrolera británica Rockhopper dio un nuevo paso en sus planes de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas al adquirir el 35% de la firma SPV por 44 millones de dólares. La operación le permite tomar control parcial de la plataforma flotante OSX-1, una unidad valuada en 125 millones de dólares que resulta clave para encarar la extracción de crudo en aguas del archipiélago.
El movimiento busca acelerar el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado en sociedad con la israelí Navitas, que posee el 65% restante del emprendimiento. Ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas y descubierto en mayo de 2010, el yacimiento prevé una inversión inicial de 1.800 millones de dólares para comenzar a producir en marzo de 2028, con la meta de alcanzar los 180.000 barriles diarios hacia fines de 2030.
El plan de extracción se contempla a 30 años con desembolsos adicionales por 2.100 millones de dólares durante toda su ejecución. El esquema operativo comprende dos etapas: una primera fase enfocada en el Área de Desarrollo Norte y una posterior en el Área Central, donde se desplegará la plataforma OSX-1 para producción, almacenamiento y descarga del recurso.
Esta avanzada empresarial se realiza al margen de la legislación argentina, que sostiene de forma inalienable el reclamo de soberanía sobre el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833. Frente a este escenario, el Estado demandó a ambas compañías y a sus accionistas por considerar ilegales e unilaterales los permisos otorgados por la administración colonial isleña.
Para frenar la maniobra y endurecer la presión internacional, Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mediante los procedimientos de la Convemar. La estrategia legal del país incluye además sanciones administrativas y penales vigentes contra 45 personas físicas y jurídicas de 11 países, entre las que figuran firmas petroleras, fondos de inversión y proveedores vinculados a las actividades no autorizadas en la Cuenca Malvinas Norte.