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La Justicia procesó a Roberto Baratta por la compra no declarada de inmuebles y divisas

El fallo puso el foco en una propiedad registrada a nombre de su madre y departamentos adjudicados a personas de su entorno familiar directo.

La Justicia procesó a Roberto Baratta por la compra no declarada de inmuebles y divisas

El juez federal Ercolini dictó el procesamiento sin prisión preventiva del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, por presunto enriquecimiento ilícito. La resolución del Juzgado Federal N° 12 impuso un embargo de $1.500 millones e inhibición general de bienes, al fundamentar que el ex funcionario "habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada" durante y tras su paso por la función pública entre 2003 y 2017.

Las pericias contables arrojaron que la evolución de sus activos "carecería de sustento" en comparación con los ingresos legítimos acreditados en la causa. La reconstrucción de los números demostró que "las aplicaciones de fondos efectivamente verificadas arroja saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y 2012 a 2017, los que acumulados a lo largo de todo el lapso imputado ascienden a la suma de $4.678.496,90", una brecha que "evidencia la existencia de desfasajes entre los recursos declarados y las erogaciones detectadas en el presente expediente".

Entre las operaciones bajo escrutinio figura la compra por US$ 70.000 en efectivo de un lote en el Mapuche Country Club de Pilar, sobre el cual se construyó una vivienda de 380 metros cuadrados por $3,7 millones. El fallo detalló la maniobra concretada mediante una "oferta de donación en su favor por parte de su madre", titular registral del terreno, sumando a la lista de bienes un departamento con cochera y baulera en la calle José Hernández, inmuebles en la calle Thames a nombre de su pareja, vehículos y la suma no justificada de US$ 25.276 y € 27.500.

Respecto a las obras en la casona de Pilar, la justificación de los aportes familiares resultó insuficiente ante el cálculo de que "en conjunto, el matrimonio declaró aportes por $604.546,11", sobre la base de que "ese reconocimiento resulta relevante pero no explica la totalidad" del dinero desembolsado. En su indagatoria, el acusado defendió la adquisición como un "proyecto familiar" de sus padres y tildó de "mentiroso" a su ex chofer Oscar Centeno, a cuyo nombre figuraba la contratación de servicios del inmueble.

La libertad del imputado se mantuvo bajo el criterio de que no "intentará eludir el accionar de la Justicia ni entorpecerá, al continuar en libertad, el trámite de la investigación", ante la inexistencia de "circunstancias de excepción reales y concretas que hagan indispensable la aplicación de una medida cautelar coercitiva". La decisión, susceptible de ser apelada ante la Cámara Federal porteña, deja al ex colaborador de Julio De Vido a la espera de nuevas definiciones mientras afronta el juicio de la causa Cuadernos.

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