Las acciones de la petrolera británica Rockhopper registraron una caída cercana al 20% en la Bolsa de Londres, acumulando un retroceso del 32% en el último mes. La contracción bursátil se produjo luego de que la compañía ratificara la continuidad del proyecto offshore Sea Lion en las Islas Malvinas, en un escenario atravesado por el apartamiento de contratistas clave y la intensificación de las medidas judiciales y administrativas promovidas desde la Argentina.
El desplome de los títulos de la firma se profundizó tras la salida de la estadounidense Halliburton y otra empresa del plan de exploración. Frente a este imprevisto, Rockhopper difundió un comunicado emitido por su socia operadora, la israelí Navitas, poseedora del 65% del desarrollo frente al 35% de la firma británica, en el que señaló que "está tomando medidas para sustituir a dos contratistas que han incumplido el acuerdo y que seguirá actuando para realizar los ajustes necesarios", al tiempo que sostuvo que el proyecto avanza "con el pleno apoyo del Gobierno de las Islas Malvinas y del Gobierno del Reino Unido".
A pesar de la inestabilidad financiera y del retroceso del 8,13% sufrido días atrás tras presentar su informe semestral, la petrolera ratificó el cronograma para iniciar las perforaciones a principios de 2027 y comenzar la extracción de crudo en el primer trimestre de 2028. La primera etapa contempla 11 pozos con el buque Aoka Mizu para alcanzar los 55.000 barriles diarios, mientras que una segunda fase prevista para 2030 mediante la unidad FPSO OSX-1 llevaría el bombeo a 180.000 barriles por día sobre reservas estimadas en 314 millones de barriles por Netherland, Sewell & Associates, contando con un financiamiento de USD 200 millones hasta mediados de 2028.
En respuesta a la actividad que considera ilegítima en virtud del reclamo histórico de soberanía, el Gobierno argentino reforzó las sanciones comerciales e impulsó un proyecto de ley para endurecer el régimen normativo de 2011 con penas dirigidas a empresas, accionistas y proveedores del sector. Estas medidas promovidas por la gestión del presidente Javier Milei habían impactado previamente en las acciones de Rockhopper, que sufrieron una contracción cercana al 18% durante el mes de septiembre.
A las restricciones regulatorias se sumó el plano judicial en la Argentina, donde la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar presentada por ex combatientes de Malvinas para ordenar la suspensión de las actividades de exploración a Rockhopper y Navitas. En su reporte, la propia compañía británica admitió que el incremento de las advertencias legales y el contexto político generaron mayor atención mediática, trasladando incertidumbre a la cotización del yacimiento en los mercados.