La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner acudió formalmente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la revisión de la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua dictada en la Causa Vialidad. La presentación, encabezada por los abogados Beraldi, Valim y Borrego, procura que el organismo internacional con sede en Ginebra deje sin efecto la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada de forma unánime por la Corte Suprema de Justicia.

El equipo legal apunta a que el planteo sea examinado durante el próximo período de sesiones del órgano multilateral previsto para octubre. Respecto de los plazos y el impacto de la medida, Valim manifestó: “Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité”, agregando que “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité” y concluyendo: “Me parece cierto que el comité va a reconocer las violaciones de derechos. Aquí la duda es cuándo”.

El recurso se fundamenta en un informe técnico de la consultora Specs sobre la distribución de partidas de la Dirección Nacional de Vialidad tras el decreto 54/2009, el cual indica que el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos, figurando IECSA S.A. como principal beneficiaria.

Al cuestionar los argumentos del fallo judicial, Beraldi sostuvo: “El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos. Y dice que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez”.

En esa dirección, enfatizó: “Encontramos que a Báez se le asignó menos del 1%. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso”, remarcando que el objetivo final consiste en “que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.

En contraposición a los argumentos defensivos, según informó Infobae, desde la Justicia advirtieron que la observación carece de novedad por haber sido desestimada en reiteradas instancias del proceso. A su vez, señalaron que el análisis presentado se basa en datos presupuestarios nacionales, mientras que el juicio oral examinó de forma específica la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde las empresas de Báez concentraron cerca del 85% de las licitaciones.

Desde el plano político, Máximo Kirchner vinculó la iniciativa ante los tribunales internacionales con la intención de la ex mandataria de participar en los comicios de 2027: “Desde el día que inició el camino de la ONU creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente”. Asimismo, el dirigente remarcó el peso electoral del espacio al afirmar que “sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, añadiendo que “Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK”.