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La Justicia bonaerense ratificó la cautelar que impide la privatización de AySA

Los jueces consideraron inadmisible la apelación extraordinaria de la compañía ante la presentación que busca evitar el deterioro del servicio público.

La Justicia bonaerense ratificó la cautelar que impide la privatización de AySA

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad presentado por AySA para dejar sin efecto la medida cautelar que interrumpe el proceso de privatización de la compañía. La resolución dictada en la Justicia provincial responde a la demanda iniciada originalmente por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Según el fallo al que accedió La Política Online, la empresa prestadora argumentó objeciones de fondo contra la cautelar de primera instancia que ya había sido confirmada. En su presentación, la representación de AySA "denuncia gravedad institucional" por la medida "y brinda fundamentos en torno a la falta de verosimilitud en el derecho, la ausencia de peligro en la demora y la afectación al interés público", además de señalar que "ninguno de los recaudos cautelares puede tenerse por acreditado, cualquiera sea el grado de verosimilitud o urgencia que se invoque".

Sin embargo, el tribunal de alzada declaró la Inadmisibilidad de los recursos "toda vez que la decisión en crisis no conforma uno de los supuestos susceptibles de ser impugnados por dichos carriles extraordinarios". De igual manera, la sentencia precisó que "las propias pretensiones recursivas del apelante ponen en evidencia la ausencia de definitividad como característica necesaria de la decisión para abrir la instancia casatoria, dado que ellas recaen sobre la decisión de una medida cautelar".

La actuación judicial de la Defensoría del Pueblo se impulsó tras advertir un "riesgo inminente" de que la reestructuración y eventual privatización de la firma derivara en un deterioro en la prestación del servicio y el abandono de las obras programadas. Al confirmar la cautelar, la Sala II dispuso girar las actuaciones al fuero federal, una decisión que también fue apelada por la Defensoría para retener el trámite dentro de la órbita de la provincia de Buenos Aires.

Pese a las restricciones judiciales dispuestas en el expediente, el Poder Ejecutivo nacional continuó con el cronograma para la venta de la empresa. En ese contexto, el Ministerio de Economía avanzó con la apertura de ofertas técnicas, instancia en la que disputan el Grupo Roggio y un consorcio liderado por Mauricio Filiberti en el cual, según reveló La Política Online, también participan los empresarios Juan y Patricio Neuss.

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