El Gobierno “no se va a pronunciar” sobre la situación legal de Manuel Adorni: “Esperaremos a que la Justicia hable”
El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el Gobierno “no se va a pronunciar” sobre la situación legal del ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, porque es un tema que está en manos de la Justicia.
“Manuel Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a su situación está en manos de la Justicia. No vamos a agregar más información, en todo caso esperaremos que la Justicia hable”, dijo Ravier en conferencia de prensa.
El vocero respondió así a una pregunta sobre si el Gobierno considera que se trata de un caso de corrupción, y sobre el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II, que podría amparar casos futuros de dinero no declarado como en el caso de Adorni.
En ese sentido explicó que se debe “separar las cosas”, porque “el proyecto de Inocencia Fiscal II busca que el dinero vuelva a los bancos para que se convierta en ahorro, podamos lograr inversión y recuperemos el crecimiento que nos falta”.
“Seguimos pensando que es una ley fundamental, pero no vamos a mezclarlo con el tema de Adorni, que continúa en la Justicia y no nos vamos a seguir pronunciando al respecto”, señaló.
Adorni presentó un escrito ante la Justicia para justificar su patrimonio
El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Justicia un escrito de 78 páginas para responder a los requerimientos del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario tenía plazo hasta mañana para entregar la documentación requerida sobre inconsistencias detectadas en la investigación.
La presentación, realizada el domingo por la noche a través de su abogado Matías Ledesma, aborda los 20 puntos señalados por la fiscalía respecto a la justificación de fondos, la tenencia de dinero en efectivo y operaciones inmobiliarias. En el descargo, Adorni rechazó las imputaciones y sostuvo que la evolución de sus bienes desde su desembarco en la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida en junio de este año, "encuentra sustento razonable y verificable".
Frente a la diferencia superior a los $43 millones advertida por el fiscal entre sus ingresos y gastos junto a su esposa Bettina Angeletti, la defensa argumentó que se trata de una "brecha residual" y no de una "desproporción manifiesta".
El ex funcionario negó las afirmaciones de un testigo sobre los gastos de su vivienda en el barrio cerrado Indio Cuá. El equipo legal indicó que los ingresos investigados se utilizaron para la refacción de dicha propiedad y la compra de un departamento.