La plataforma oficial CONTRAT.AR confirmó este martes la recepción de dos propuestas técnicas para la licitación que busca privatizar el 90% del paquete accionario de AySA, la compañía estatal que presta servicios de agua y cloacas a 14 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.
Los consorcios oferentes están encabezados por Rowing S.A., asociada a Transclor, la brasileña Arcos Saneamento e Participações S.A. y el fondo holandés PHX, y por el grupo Roggio ROAS S.A.U., junto a Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
A través de su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la realización del acto de apertura: “Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de USD 2.000 millones en los primeros 5 años”. El funcionario remarcó que “con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato”, y ponderó que el esquema derivará en “más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”.
La nómina de participantes reúne por un lado al esquema estructurado entre Walter Román (Rowing) y Mauricio Filiberti (Transclor), con el respaldo operativo de Arcos, operador de Águas do Rio en Brasil, y por el otro a la estructura del Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas, Emova y Metrovías. Los pliegos exigen a los grupos acreditar al menos cinco años de experiencia en la gestión de servicios sanitarios para un mínimo de 1.500.000 habitantes y un patrimonio neto consolidado de USD 300 millones (o USD 1.000 millones en activos bajo gestión).
La Comisión de Evaluación analizará si los consorcios cumplen los requisitos legales, técnicos y financieros para habilitar la apertura de las ofertas económicas, donde resultará ganadora la propuesta de mayor monto en dólares. El proceso avanza de forma paralela a una medida cautelar de la Justicia bonaerense, ratificada por la Cámara de Apelación de La Plata, que prohíbe alterar las prestaciones de agua potable, resolución que para el Ejecutivo no impone la cancelación de la subasta.