El Gobierno nacional analiza ampliar las sanciones de la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para incorporar la pesca y otras actividades vinculadas a las Islas Malvinas. La medida fue tratada en la mesa política y contempla modificar la Ley 26.659, conocida como "Ley Pino Solanas", que actualmente se limita a penalizar la exploración y explotación de hidrocarburos no autorizada.
“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, sostuvo el presidente Javier Milei durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo. “Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, agregó el mandatario.
La inclusión del sector pesquero respondió a reclamos de la oposición peronista, expresados formalmente por el diputado Germán Martínez. El Poder Ejecutivo prevé enviar el texto al Congreso el próximo lunes y evalúa si la exposición del articulado estará a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti, o del canciller, Pablo Quirno.
La iniciativa busca avanzar en la Cámara de Diputados entre finales de septiembre y principios de octubre. La estrategia legislativa se desarrolla en paralelo con la ofensiva oficial contra compañías vinculadas a emprendimientos petroleros ilegales en el archipiélago, con especial atención sobre el proyecto Sea Lion.
El plan integral abarca además el financiamiento de la Base Naval Integrada y obras de telecomunicaciones en Tierra del Fuego dentro del Presupuesto 2027. Según precisó el Ejecutivo, la reasignación de partidas para estos proyectos en la provincia austral no comprometerá el superávit fiscal alcanzado.