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Impulsan la Ley Agostina en Córdoba para el abordaje de la violencia infantil

El marco normativo establece la articulación de un registro de restricciones judiciales y capacitaciones preventivas en instituciones deportivas y establecimientos educativos.

Impulsan la Ley Agostina en Córdoba para el abordaje de la violencia infantil

A más de tres meses del trágico femicidio que conmocionó a la provincia, la Legislatura de Córdoba será escenario de la presentación oficial de un proyecto impulsado por el padre de la víctima, Gabriel Vega, orientado a reforzar las respuestas estatales en materia de prevención y protección infanto-juvenil.

Denominada "Ley Agostina", la medida contempla una estructura articulada en ocho ejes fundamentales para intervenir de forma anticipada y evitar daños irreversibles en niños, niñas y adolescentes. Entre las propuestas principales se destacan la creación de una línea gratuita de atención las 24 horas, la implementación de gabinetes interdisciplinarios, la capacitación obligatoria en ámbitos escolares sobre acoso digital y violencia, y la puesta en marcha de un protocolo de búsqueda inmediata ante ausencias o desapariciones de menores.

El esquema de abordaje prevé también la creación de un registro provincial de restricciones judiciales, la incorporación de protocolos en instituciones deportivas y el seguimiento de ausentismos escolares sin causa justificada. Asimismo, el texto contempla una articulación directa con la Ley Lucio, estableciendo una respuesta estatal organizada tras la detección de indicadores de riesgo para complementar las herramientas vigentes.

En el plano judicial, la investigación desarrollada tras los hechos ocurridos entre el 23 y 24 de mayo en un inmueble de barrio Cofico cuenta actualmente con seis personas privadas de la libertad. El imputado principal, Claudio Barrelier, enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, mientras que los acusados Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz permanecen investigados por presunto encubrimiento agravado.

Recientemente, el Juzgado de Control ratificó las prisiones preventivas de parte de los acusados por encubrimiento mientras la fiscalía analiza la situación procesal del resto, al tiempo que la abogada querellante Fernanda Alaniz anticipó que solicitará un agravamiento en la imputación de Palmero, pareja del sospechoso principal, para que sea investigada en calidad de partícipe del hecho.

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