La Corte Suprema aceptó intervenir en la demanda que cuestiona la cláusula transitoria cuarta de la reformada Constitución de Formosa. Con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el tribunal determinó que el caso corresponde a su competencia originaria. Tras dar este paso, le otorgó a la provincia un plazo de 60 días para que responda la acción judicial a través de la Fiscalía de Estado.

La presentación fue realizada por la Confederación Frente Amplio Formoseño, un espacio integrado por la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y otros partidos opositores. La coalición busca declarar inconstitucional la norma provincial por considerar que contradice los principios de alternancia en el poder. En su escrito, argumentan que el texto vulnera los artículos 1°, 5°, 37 y 123 de la Constitución Nacional, además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.

El conflicto se originó tras el fallo del 19 de diciembre de 2024, cuando la Corte declaró inconstitucional el antiguo artículo 132 que permitía la reelección indefinida. Tras esa decisión, la provincia impulsó una reforma que fijó el límite a una sola reelección consecutiva en el nuevo artículo 156. Sin embargo, la Convención Constituyente sumó una cláusula transitoria que establece que el período en curso “deberá ser considerado como primer mandato”, lo que habilitaría a Gildo Insfrán a competir por su noveno período en 2027 y al vicegobernador Eber Solís a buscar un tercero.

Para la oposición, este agregado representa una maniobra directa para eludir la sentencia previa del tribunal. En aquel fallo de 2024, los magistrados habían cuestionado la permanencia prolongada en los cargos ejecutivos: “Una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule –tras varios mandatos sucesivos– ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral”.

La resolución de la Corte de asumir la causa va en la misma línea del dictamen emitido en noviembre de 2025 por el procurador general Eduardo Casal. Una vez que venza el plazo de 60 días y el gobierno provincial presente su contestación, los jueces quedarán en condiciones de resolver el fondo del asunto. En caso de que el tribunal falle en contra de la norma cuestionada, Insfrán deberá dejar la gobernación en 2027, tras cumplir 32 años ininterrumpidos en el cargo.