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El Gobierno nacional formalizó la extensión del mecanismo de bloqueo de telefonía celular a las cárceles provinciales que se sumen al protocolo oficial. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 734/2026 del Enacom, faculta a inhabilitar los equipos, las tarjetas SIM y las líneas que se detecten activas dentro de los establecimientos penitenciarios.
El procedimiento obliga a las empresas prestadoras de servicios móviles a dar de baja tres elementos clave de cada dispositivo: el IMEI (identificador del aparato), el IMSI (asociado al chip) y el número telefónico vinculado.
Sin embargo, la inhabilitación no será automática, sino que requerirá un pedido expreso del Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo que centralizará las solicitudes enviadas por cada provincia adherida.
La ampliación de la norma responde a un reclamo impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. Según informó Diario Uno, la ministra mendocina Mercedes Rus remarcó la importancia de contar con un marco legal preciso para sumar los penales provinciales a este esquema de prevención y avanzar en licitaciones para instalar tecnologías de inhibición selectiva y localización.
El texto oficial aclara que las tecnologías implementadas deberán ajustarse estrictamente para no interferir en las comunicaciones de vecinos, comercios o personas ajenas a los establecimientos. La decisión se fundamenta en el artículo 160 de la Ley 24.660, que prohíbe el uso de celulares en prisión, y busca neutralizar maniobras delictivas planificadas desde las celdas.
