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El Gobierno pidió detener manifestantes tras la represión frente al Congreso

El Ministerio de Seguridad pidió detenciones por los incidentes tras la protesta contra la Ley de Propiedad Privada. El operativo de las fuerzas dejó 12 detenidos y heridos.

El Gobierno pidió detener manifestantes tras la represión frente al Congreso

Luego de una jornada atravesada por la represión policial y los enfrentamientos frente al Senado durante la marcha contra la Ley de Propiedad Privada, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal en la Justicia Federal. A través del escrito, solicitó identificar y detener a los manifestantes involucrados en los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso.

La presentación fue efectuada por los abogados Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, representantes de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. En el documento judicial, la cartera planteó que las conductas encuadran en los delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y daño agravado, contemplados en los artículos 41 quinquies, 184, 226, 238 y 239 del Código Penal, con el agravante de haber sido cometidos para coaccionar a los poderes públicos.

Los hechos se desencadenaron durante la movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas, en un operativo de seguridad que derivó en más de tres horas de represión y choques en la vía pública.

Como resultado del accionar de las fuerzas federales y las corridas, se registraron 12 personas detenidas imputadas por atentado y resistencia a la autoridad, además de al menos cuatro heridos: un fotoperiodista que cubría la protesta, un gendarme derivado al Hospital Churruca por un golpe en la cabeza y un prefecto asistido en el lugar.

Según la denuncia oficial, sectores de la marcha arrojaron piedras y escombros tras romper veredas y bancos públicos, provocando roturas en la infraestructura urbana y en patrulleros. Por ello, el Ministerio solicitó al juzgado la preservación de las cámaras de seguridad y la citación al Gobierno porteño y al Congreso para evaluar el perjuicio económico. Al respecto, la Ciudad de Buenos Aires calculó el costo de los daños en $468 millones, desglosados en $130 millones por contenedores y limpieza, $270 millones por la destrucción del césped de la Plaza, $38 millones en equipamiento urbano y $30 millones en plantas.

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