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En su primer discurso oficial, la jefa de Estado hizo hincapié en el combate al narcotráfico, la extorsión y la reestructuración del Estado.

Ante el Congreso de la República, Keiko Fujimori asumió la presidencia de Parú para el período 2026-2031 y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular en la historia del país. En su primer mensaje oficial, prometió aplicar “método, disciplina, trabajo y una ruta clara” para sacar adelante al país.
Durante su discurso, hizo un diagnóstico duro sobre la situación actual y afirmó: "recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos". Para cambiar este panorama, convocó a la unidad nacional y pidió dejar de lado las diferencias políticas en una nación golpeada por la inestabilidad.
El tema principal de su discurso fue la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, de hecho, anunció un plan directo con la participación de las Fuerzas Armadas en las calles: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno".
Además, explicó cómo van a operar las tropas: "Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos".
En esa misma línea, remarcó que las acciones de su gobierno irán directo a golpear las economías de las bandas delictivas. Según sostuvo, la pelea "no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal". Para lograrlo, prometió que "fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas. Pero también seremos implacables con quienes traicionen el uniforme. Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno".
La ceremonia contó con la presencia de diez jefes de Estado de la región y del mundo, entre los que estuvieron Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras), José Antonio Kast (Chile) y el rey Felipe VI de España. El inicio de esta gestión se da en un país que tuvo nueve presidentes en los últimos diez años y que tuvo una segunda vuelta muy ajustada frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez.
Nacida el 25 de mayo de 1975 y formada en Estados Unidos, la hija del dictador Alberto Fujimori y Susana Higuchi empezó su carrera política en 1994, cuando asumió como primera dama a los 19 años tras la separación de sus padres. Más tarde, en 2006, fue electa congresista con la votación más alta del país y después fundó el partido Fuerza Popular.
Su llegada a la Presidencia se concretó en su cuarto intento, luego de perder los balotajes de 2011, 2016 y 2021. Su plan de gobierno, llamado "Perú con Orden", propone liberar la economía y aplicar mano dura en seguridad, incluyendo la vuelta de los "jueces sin rostro", la misma medida que usó su padre en los años 90.
A lo largo de su carrera enfrentó investigaciones por lavado de activos vinculadas a los aportes de la empresa Odebrecht en sus campañas electorales, causa por la que cumplió prisión preventiva hasta que la Justicia anuló los procesos entre 2025 y 2026. En el plano familiar, mantuvo un vínculo cambiante con el legado de su padre, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y tuvo un fuerte enfrentamiento político con su hermano Kenji, quien terminó fuera del Congreso por tráfico de influencias. Con su asunción, Perú se suma a la lista de países de la región alineados con la derecha, junto a los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay y Ecuador.

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