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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por el empresario Lázaro Báez, quien había solicitado cumplir su condena fuera de la cárcel al argumentar problemas de salud propios y de su entorno familiar.
La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes concluyeron que no existen razones suficientes para apartarse del cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.
Qué argumentó la Cámara de Casación
Para resolver el planteo, el tribunal analizó distintos informes médicos que detallan el estado de salud del empresario. Según esos estudios, Báez padece hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), obesidad leve y un adenoma de colon con displasia de alto grado, entre otras patologías.
Sin embargo, los magistrados sostuvieron que esas afecciones reciben la atención médica correspondiente dentro del Servicio Penitenciario y que no configuran una situación excepcional que justifique el otorgamiento de la prisión domiciliaria.
En ese sentido, recordaron que este beneficio constituye una medida de carácter excepcional y que su concesión requiere fundamentos concretos que acrediten la imposibilidad de cumplir la condena en una unidad carcelaria.
Los argumentos de la defensa
La defensa de Báez había planteado que su estado de salud se deterioró durante el tiempo que lleva detenido y cuestionó la calidad de la atención médica recibida.
Entre otros puntos, señaló presuntas demoras en los controles posteriores a la extirpación de un tumor premaligno en el intestino y el incumplimiento de controles glucémicos considerados necesarios para el tratamiento de su diabetes.
Además, el pedido también hizo referencia a la situación personal del empresario, cuya pareja atraviesa un tratamiento oncológico y con quien tiene dos hijos menores de edad.
La condena que cumple Lázaro Báez
Actualmente, Báez cumple una pena unificada de 15 años de prisión, resultado de las condenas dictadas en las causas conocidas como "la ruta del dinero K" y "Vialidad".
En su resolución, la Cámara también remarcó la gravedad de los delitos por los que fue condenado, al considerar que los hechos de corrupción afectan el funcionamiento del sistema democrático y ocasionan un perjuicio al patrimonio público.
Con este fallo, el empresario continuará cumpliendo su condena en un establecimiento penitenciario, mientras su defensa aún conserva la posibilidad de recurrir a otras instancias judiciales.
