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La Libertad Avanza busca sesionar en el Senado para debatir propiedad privada, Ley Hojarasca y pliegos judiciales

El oficialismo intentará alcanzar acuerdos con bloques opositores para realizar una sesión la próxima semana. En la agenda figuran el proyecto de propiedad privada, la Ley Hojarasca y la aprobación de unos 30 pliegos judiciales, en medio de un nuevo cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

La Libertad Avanza busca sesionar en el Senado para debatir propiedad privada, Ley Hojarasca y pliegos judiciales

La Libertad Avanza intentará alcanzar un acuerdo con los bloques opositores para realizar una sesión en el Senado la próxima semana con una agenda que incluye el debate del proyecto de propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca y la aprobación de alrededor de 30 pliegos judiciales.

La intención inicial del oficialismo era abrir el recinto este miércoles. Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a la reunión de Labor Parlamentaria recién para ese día al mediodía, por lo que la sesión podría concretarse entre el 15 y el 16 de julio.

Un nuevo capítulo de la interna entre Bullrich y Villarruel

La postergación de la sesión expuso una vez más las diferencias entre la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Bullrich buscaba habilitar el recinto desde la semana pasada para mostrar que el Senado retomaba su actividad legislativa, mientras que Villarruel optó por un cronograma más tardío.

El proyecto de propiedad privada, eje del debate

El principal proyecto que impulsará el oficialismo será el de propiedad privada, aunque llegará al recinto con modificaciones respecto de la propuesta original del Gobierno.

En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que empresas con capital extranjero adquieran tierras rurales y se conservó el requisito de contar con la aprobación de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso para las compras de tierras en zonas fronterizas.

La iniciativa también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

Uno de los cambios más importantes fue la eliminación del capítulo referido a la Ley de Barrios Populares. Además, se reformularon los apartados vinculados con la extranjerización de tierras, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.

En este último punto, el proyecto mantiene la prohibición de modificar durante 60 años el uso de los bosques nativos afectados por incendios, tal como establece la legislación vigente desde 2020. No obstante, habilita la posibilidad de cambiar el destino de las tierras rurales alcanzadas por incendios.

Respecto de las ocupaciones ilegales, la propuesta establece un procedimiento de desalojo exprés que fija un plazo de tres días para desocupar un inmueble. En cambio, cuando se trate de un conflicto con un inquilino por falta de pago, el plazo será de diez días hábiles.

El oficialismo busca aprobar una treintena de pliegos judiciales

Otro de los objetivos de La Libertad Avanza será avanzar con la aprobación de unos 30 pliegos judiciales.

Entre ellos figura la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en funciones antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.

También se encuentra el pliego de Juan Rodríguez Ponte, funcionario judicial y exsecretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora. Ese tribunal tiene entre sus expedientes la causa que involucra al exintendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.

Qué contempla la Ley Hojarasca

Durante la misma sesión, el oficialismo también buscará convertir en ley la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Gobierno para derogar unas 70 normas consideradas obsoletas o que perdieron vigencia por los avances tecnológicos.

Entre las leyes que se pretende eliminar figura la Ley 20.120, sancionada durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, que obligaba a los organizadores de reuniones públicas en espacios cerrados a notificar previamente a las autoridades y habilitaba el ingreso de la policía a esos encuentros.

También se propone derogar la Ley 20.983, de 1975, que establecía la obligación para los medios de radio y televisión de destinar al menos 60 minutos diarios a contenidos vinculados con el turismo nacional.